El caso ocurrió en 2023 y vuelve a generar atención por la denuncia presentada por dos agentes de la Comisaría PNP Orcotuna. Según los actuados fiscales, ambos policías fueron dopados durante su servicio y luego sufrieron el robo de sus armas. Después del hecho, el entonces comisario habría solicitado S/2.000 para recuperar el armamento.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. El Ministerio Público busca determinar si los investigados incurrieron en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

¿Cómo ocurrió el robo de las armas de los policías?

Los hechos se remontan a la noche del 30 de junio de 2023, cuando los suboficiales Percy Vertoni Salvador Lázaro y Yuber Nilson Sánchez Ponce cumplían funciones en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco. De acuerdo con la investigación, dos mujeres llegaron al lugar con el supuesto objetivo de presentar una denuncia. Durante el contacto con los agentes, les ofrecieron una bebida que contenía una sustancia perteneciente al grupo de las benzodiazepinas.

Los policías quedaron sedados y las mujeres habrían aprovechado esa situación para sustraer sus armas. Se trataba de una Pietro Beretta y una SIG Sauer, ambas pertenecientes al Estado. Al día siguiente, los agentes fueron ubicados y quedaron detenidos debido a la pérdida del armamento policial. Posteriormente, el entonces capitán T.P.M.R. los citó en su despacho.

¿El comisario pidió dinero para recuperar las armas?

Según los actuados fiscales, el entonces jefe policial les habría pedido S/2.000. El dinero, de acuerdo con la acusación, serviría para pagar a un supuesto informante que permitiría localizar las armas. Los dos suboficiales no tenían el monto solicitado. Ante esta situación, la secretaria de la comisaría, identificada con las iniciales E.G.V.R., les habría prestado el dinero.

Las pistolas finalmente aparecieron en un cementerio ubicado en El Tambo. Después del hallazgo, los agentes devolvieron el dinero prestado mediante cuatro depósitos bancarios de S/500 cada uno. La Fiscalía considera estos movimientos y las comunicaciones entre los involucrados como elementos importantes para esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía analizará celulares y comunicaciones

El Ministerio Público calificó el caso como una investigación de “especial complejidad”. Por ese motivo, estableció un plazo de 240 días para realizar las diligencias y recoger las declaraciones de las personas involucradas. Entre las principales acciones figura el análisis de las conversaciones de WhatsApp que forman parte de la investigación. Estas comunicaciones podrían aportar información sobre la supuesta entrega del dinero y las coordinaciones realizadas para recuperar las armas.

Para realizar las pericias, la Fiscalía solicitó a los dos suboficiales que entreguen sus teléfonos celulares originales. Los especialistas deberán extraer la información almacenada en los equipos y determinar si los mensajes respaldan la denuncia.

Además, el Ministerio Público solicitó información a la Región Policial Junín y a la Divincri Huancayo. El objetivo consiste en conocer la situación laboral de los denunciantes y revisar los procedimientos relacionados con el uso de informantes en operaciones de inteligencia.

¿Qué dificultad enfrenta la investigación?

Una de las principales dificultades apareció durante la inspección técnico-policial realizada en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco. Las autoridades confirmaron que el establecimiento no contaba con cámaras de videovigilancia. Por ello, no existe un registro audiovisual directo que permita observar el momento en que las dos mujeres ingresaron al local o cuando los agentes habrían sido dopados.

Ante esta ausencia, los peritajes a los celulares, las comunicaciones y los movimientos bancarios adquieren especial importancia. La Fiscalía deberá determinar si estos elementos permiten establecer responsabilidades individuales y comprobar la existencia del presunto cobro de dinero.

La investigación también busca establecer si el caso corresponde únicamente a una denuncia contra funcionarios específicos o si existen otros involucrados dentro de la dependencia policial. Hasta que concluya el proceso, corresponde mantener la presunción de inocencia de las personas investigadas.