La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura acusa a Miguel Henry Zavaleta Amaya de negarse de manera reiterada a entregar información clave sobre las actividades de la mina de sal de Bayóvar, ubicada en la Comunidad Campesina San Martín de Sechura. Según el Ministerio Público, esta conducta podría dificultar el avance de las investigaciones contra la presunta organización criminal denominada “Los Ilegales de la Mina de Sal Azul”.

De acuerdo con la Carpeta Fiscal N.° 38-2022, Zavaleta sería uno de los principales investigados dentro de una estructura que involucra a 55 personas. La Fiscalía sostiene que el investigado no habría entregado los padrones de trabajadores ni los registros relacionados con las operaciones de la mina, pese a los requerimientos formales realizados por las autoridades.

¿Por qué la Fiscalía cuestiona a Henry Zavaleta?

El Ministerio Público considera que la negativa de Zavaleta representa una conducta de resistencia y posible obstrucción a la acción de la justicia. La información solicitada permitiría identificar a las personas que trabajaban en la zona y conocer cómo se desarrollaban las actividades dentro de la mina. Para la Fiscalía, estos documentos resultan especialmente importantes porque podrían contribuir al esclarecimiento de las investigaciones por homicidio vinculadas con los enfrentamientos armados registrados en el área de explotación de sal.

La investigación fue declarada compleja y cuenta con un plazo de 36 meses. Durante ese periodo, los fiscales buscarán reunir nuevos elementos que permitan determinar las responsabilidades de los investigados y establecer cómo habría operado la presunta organización criminal.

¿Qué papel le atribuye la Fiscalía a Zavaleta?

Según la hipótesis fiscal, Henry Zavaleta ocuparía el cargo de cabecilla, director estratégico y principal articulador de la presunta red criminal. El Ministerio Público afirma que se encontraría en la parte superior de una estructura piramidal y que habría ejercido funciones de mando, planificación y supervisión sobre los demás integrantes.

La Fiscalía también sostiene que Zavaleta habría utilizado su posición como presidente de una denominada “Junta Transitoria” de la Comunidad Campesina de Sechura para ejercer control sobre la institución. De acuerdo con la investigación, este cargo habría servido como una fachada legal para favorecer los intereses de la presunta organización. Asimismo, los fiscales señalan que el investigado habría participado en la creación de dicha junta y en su posterior autoproclamación como presidente. Con ello, presuntamente buscaba dar una apariencia de legalidad a las decisiones relacionadas con el control del territorio comunal.

¿Cómo habría operado la presunta organización criminal?

La Fiscalía y la Policía sostienen que Zavaleta habría tenido influencia sobre las distintas etapas de las actividades ilegales en la mina de sal. Estas comprenderían la toma violenta o armada de terrenos comunales, la extracción de la roca de sal —conocida como halita—, su explotación, transporte y posterior comercialización. Las autoridades investigan si estas acciones formaban parte de un esquema organizado que habría utilizado el control institucional de la comunidad para facilitar operaciones ilícitas.

Sin embargo, las acusaciones todavía forman parte de una investigación fiscal. La responsabilidad penal de Henry Zavaleta y de los demás involucrados deberá determinarse mediante el debido proceso y una decisión de las autoridades judiciales competentes.