El Ejecutivo oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. La medida permitirá reforzar los operativos policiales con apoyo de las Fuerzas Armadas y establecer restricciones sobre algunos derechos constitucionales.

El Gobierno declaró en estado de emergencia a Lima Metropolitana y el Callao por 60 días calendario, debido al avance de la criminalidad y los hechos de violencia registrados en ambas jurisdicciones. La medida busca reforzar las acciones de seguridad y enfrentar a las organizaciones dedicadas a actividades delictivas.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El régimen excepcional también permitirá aplicar restricciones al ejercicio de determinados derechos constitucionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 137 de la Constitución.

¿Qué derechos podrán ser restringidos durante el estado de emergencia?

La medida contempla restricciones sobre cuatro derechos constitucionales:

• Inviolabilidad del domicilio: las autoridades podrán realizar intervenciones dentro del marco establecido por el estado de emergencia.
• Libertad de tránsito: podrán establecerse controles y limitaciones para el desplazamiento de personas.
• Libertad de reunión: determinados encuentros o concentraciones podrán ser restringidos.
• Libertad y seguridad personales: las autoridades podrán aplicar medidas especiales dentro de las facultades previstas por la norma.

Las restricciones no significan la eliminación permanente de estos derechos, sino que su ejercicio podrá ser limitado durante la vigencia del régimen excepcional y bajo las condiciones previstas por la Constitución.

Operativos policiales se concentrarán en zonas críticas

La PNP determinará los lugares donde se realizarán los principales operativos utilizando información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito e indicadores de criminalidad. La estrategia busca concentrar los recursos policiales y militares en las zonas que registren mayores niveles de delincuencia. Para coordinar estas acciones se instalará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), encabezado por el comandante general de la Policía Nacional.

En este grupo participarán representantes de las Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, gobiernos locales, Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones relacionadas con la seguridad.

¿Qué acciones se realizarán contra la delincuencia?

Entre las medidas contempladas se encuentran patrullajes permanentes, controles de identidad e intervenciones contra armas y explosivos ilegales.

También se realizarán acciones para recuperar espacios públicos y fiscalizar establecimientos comerciales considerados de riesgo.

Las autoridades pondrán especial atención en lugares relacionados con delitos como trata de personas, tráfico de drogas, comercio ilegal de armas, venta irregular de chips telefónicos y comercialización de autopartes de procedencia ilícita.

El plan también contempla el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la identificación de zonas y actividades vinculadas con el crimen organizado. Entre ellas figuran sistemas de videovigilancia, drones, tecnología satelital y herramientas de análisis predictivo.

Actividades masivas deberán contar con autorización

Durante el estado de emergencia, las actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos de carácter masivo y público deberán contar con la autorización correspondiente antes de realizarse. En cambio, las actividades que no tengan carácter masivo podrán desarrollarse sin autorización previa, según las condiciones establecidas por el Gobierno.

¿Qué pasará en los penales de Lima y Callao?

El decreto también incluye medidas dirigidas a los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de impedir que las organizaciones criminales continúen utilizando estos espacios para realizar comunicaciones ilícitas.

Entre las disposiciones se contempla el control del suministro eléctrico en las celdas y la interrupción de la energía, salvo aquella necesaria para la iluminación. Asimismo, se plantea retirar y destruir antenas de comunicación instaladas ilegalmente dentro de los centros penitenciarios. La estrategia busca reducir las comunicaciones clandestinas que podrían utilizarse para coordinar extorsiones y otros delitos desde los penales.

Estado de emergencia busca reforzar la lucha contra el crimen

La medida también contempla fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial frente a investigaciones relacionadas con organizaciones criminales. Además, se establecen acciones para brindar protección a fiscales y jueces que intervengan en procesos vinculados con delitos de alta peligrosidad.

El estado de emergencia en Lima y Callao tendrá una duración de 60 días, periodo durante el cual las autoridades deberán ejecutar las acciones previstas para combatir la criminalidad y evaluar sus resultados.