La denuncia contra tres jueces de Lima por presunto desacato al Tribunal Constitucional llegó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que el senador Fernando Rospigliosi cuestionara una sentencia relacionada con policías que participaron en la intervención del penal Castro Castro en 1992.

Los magistrados involucrados son Miluska Cano, Otto Márquez y Helbert Llerena. Los tres integraron la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria cuando resolvieron el caso. Cano actualmente preside la Corte Superior de Justicia de Lima.

Según la denuncia, los jueces no aplicaron la Ley 32107, pese a que el Tribunal Constitucional había establecido un criterio sobre su constitucionalidad. Rospigliosi sostiene que esta decisión podría constituir una infracción grave y pidió a la JNJ evaluar la conducta de los magistrados.

¿Por qué los jueces fueron denunciados ante la JNJ?

El caso se relaciona con los hechos ocurridos durante el motín de integrantes de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro en 1992.

Los policías Federico Hurtado Esquerre, Jorge Lamela Rodríguez, Estuardo Mestanza Bautista y José Málaga Johnson fueron procesados por el presunto delito de homicidio calificado.

Rospigliosi cuestiona que los magistrados hayan condenado a los policías sin aplicar las normas que, según su interpretación, correspondían al momento de los hechos.

El senador sostiene que las leyes penales vigentes en 1992 establecían un plazo máximo de 20 años para la prescripción de este tipo de procesos. Por ello, considera que el caso debía declararse prescrito. Sin embargo, la Sala emitió una decisión distinta el 10 de julio de 2026.

¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre la Ley 32107?

Uno de los principales puntos de la denuncia gira alrededor de la Ley 32107, relacionada con los delitos de lesa humanidad y su aplicación en procesos judiciales. El texto sostiene que el Tribunal Constitucional no alcanzó los votos necesarios para declarar inconstitucional esta norma el 18 de noviembre de 2025.

Desde la posición de Rospigliosi, los jueces debían respetar ese pronunciamiento y aplicar la norma cuando resolvieron el caso Castro Castro.

La denuncia también cita el artículo VII del Nuevo Código Procesal Constitucional, vigente desde 2021. Esta disposición establece límites al uso del control difuso cuando el Tribunal Constitucional ya confirmó la constitucionalidad de una norma.

El documento señala que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes conforme a la Constitución y a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.

¿Qué es el control difuso que cuestiona la denuncia?

El control difuso permite que los jueces dejen de aplicar una norma en un caso concreto cuando consideran que contradice la Constitución o determinados tratados internacionales. Sin embargo, la legislación procesal constitucional establece límites para esta facultad.

La denuncia presentada ante la JNJ sostiene que los tres magistrados utilizaron el control difuso de una manera que habría excedido sus atribuciones. Según Rospigliosi, los jueces habrían cuestionado una norma cuya constitucionalidad ya había sido confirmada por el Tribunal Constitucional.

El senador considera que esta actuación podría constituir un incumplimiento de los deberes propios del cargo.

¿Qué decisión tomaron los magistrados en el caso Castro Castro?

El cuestionamiento principal se concentra en la sentencia emitida el 10 de julio de 2026. De acuerdo con la denuncia, la Sala no declaró prescrita la investigación contra los policías involucrados en el caso. En cambio, continuó con el proceso y terminó imponiendo penas de prisión.

Rospigliosi sostiene que los magistrados debieron aplicar el principio de legalidad. Este principio establece que una persona debe ser juzgada bajo las normas que correspondían al momento en que ocurrieron los hechos.

El senador también afirma que la decisión de los jueces contradijo la sentencia del Tribunal Constitucional 190/2025, correspondiente a los expedientes 00009-2024-PI/TC y 00023-2024-PI/TC.

La denuncia plantea que los magistrados habrían convertido el control difuso en una revisión general de constitucionalidad, una competencia que corresponde al Tribunal Constitucional.

¿Los jueces podrían ser destituidos?

La denuncia se encuentra en manos de la Junta Nacional de Justicia, institución encargada de evaluar la conducta de jueces y fiscales dentro de sus competencias. La presentación de una denuncia no significa que los magistrados ya hayan sido destituidos. La JNJ deberá analizar los hechos, determinar si existe una infracción y establecer las responsabilidades que correspondan.

El caso también genera interés debido a que Miluska Cano ocupa actualmente la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Rospigliosi cuestionó además que los magistrados denunciados hayan participado en otros procesos donde, según su posición, también habrían adoptado decisiones contrarias a criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.

La controversia deberá resolverse dentro de los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, el debate se concentra en los límites del control difuso, la aplicación de las normas sobre prescripción y el respeto de las decisiones emitidas por el máximo intérprete de la Constitución.