El abogado Jorge Petrozzi, representante legal de la víctima del caso Liceo Naval, solicitó a la Fiscalía ampliar las imputaciones contra dos profesores e incorporar a la exdirectora Carito Ayala en la investigación. La defensa sostiene que la denuncia inicial presentada contra los docentes por presunta omisión de funciones sería insuficiente para determinar todas las responsabilidades vinculadas al caso.

Petrozzi afirmó que la denuncia contra los profesores respondería, según su interpretación, a un intento de trasladar la responsabilidad hacia los docentes y desvincular a la institución de los hechos investigados.

¿Qué cuestiona el abogado sobre la denuncia contra los profesores?

Durante una entrevista en el programa Ahora y en la Hora, Petrozzi cuestionó que la denuncia presentada por la subdirectora del plantel ante la Comisaría de San Borja se limite a una presunta omisión de funciones. El abogado sostuvo que esta acción habría sido promovida por la institución con el objetivo de deslindar responsabilidades. Sin embargo, se trata de una interpretación planteada por la defensa de la víctima y deberá ser materia de evaluación por las autoridades competentes.

“La Marina le tiene que haber dado la orden y le ha dicho ‘Anda a la comisaría de San Borja y sienta una denuncia’. (…) Le parece que es la intención de ellos quitarse responsabilidad y decir ‘Ya cumplimos con denunciar y ahora que se encargue el Ministerio Público, ya que vea qué cosa hace’”, afirmó Petrozzi. El abogado explicó además que los procesos relacionados con menores y adultos se tramitan por vías separadas conforme a la legislación vigente.

¿Qué delitos pide investigar contra los profesores?

La defensa acudió al Ministerio Público para presentar un escrito mediante el cual solicita ampliar el marco de investigación contra los dos docentes que se encontraban presentes durante los hechos. Petrozzi pidió que, además de la presunta omisión de funciones que ya había sido denunciada, se evalúe la posible comisión de otros delitos. “Contra los profesores estoy pidiendo que se incluya el delito de violación sexual bajo la figura de comisión por omisión, aparte de la omisión de funciones que ya había sido denunciada. Estoy pidiendo que se incluya abandono de menor, estoy pidiendo que se incluya el encubrimiento personal y la omisión de denuncia”, declaró.

Estas figuras penales forman parte del pedido presentado por la defensa y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal contra los docentes. Corresponde a la Fiscalía evaluar los hechos y establecer las imputaciones que correspondan durante la investigación.

¿Por qué la defensa incluye a la exdirectora Carito Ayala?

El escrito presentado por Petrozzi también solicita incorporar a la exdirectora del plantel, Carito Ayala, a las acciones penales. Según el abogado, la exdirectora no habría sido incluida en la denuncia presentada inicialmente por la subdirectora ante la Comisaría de San Borja. Por ello, la defensa busca que su actuación también sea examinada por el Ministerio Público.

“Contra la profesora Carito Ayala [pido] esos cuatro delitos. Obviamente ella no puede ser imputada por la violación porque no ha estado en el bus, pero sí por abandono de menor, omisión de funciones, encubrimiento personal y omisión de denuncia. O sea, ahí solamente ella ya tiene cuatro delitos”, sostuvo.

De acuerdo con el pedido de la defensa, los cuatro delitos que se busca investigar respecto de Ayala son abandono de menor, omisión de funciones, encubrimiento personal y omisión de denuncia.

¿Qué espera la defensa de la Fiscalía?

Con el expediente en manos del Ministerio Público, la representación legal de la víctima busca que el fiscal amplíe el ámbito de la investigación y determine las posibles responsabilidades de las personas involucradas. La solicitud de la defensa deberá ser evaluada por la Fiscalía, que tendrá que determinar si corresponde incorporar los delitos planteados y ampliar las diligencias contra los docentes y la exdirectora.

El caso Liceo Naval continúa así bajo investigación fiscal, mientras las partes presentan sus respectivas posiciones sobre las responsabilidades que podrían derivarse de los hechos denunciados.