La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los ciudadanos venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, investigados por el presunto sicariato contra la comunicadora Susy Aponte, conocida como ‘China Polo’. El pedido será evaluado por el Poder Judicial en una audiencia programada para este domingo 4 de octubre a las 2:30 p. m., en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Caraz

El fiscal provincial Raúl Godos Sedán formalizó la investigación preparatoria contra ambos ciudadanos y pidió que permanezcan bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por el ataque ocurrido el 19 de septiembre en Caraz.

A Luis Iván Obispo Díaz se le atribuye directamente el delito de sicariato por el ataque contra Susy Aponte. Según la Fiscalía, habría recibido 15 mil soles a cambio de ejecutar el crimen y habría disparado directamente contra la comunicadora.

Además, el Ministerio Público le atribuye los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones graves seguidas de muerte, debido a otros disparos efectuados durante su huida.

Según la investigación fiscal, Obispo Díaz habría apuntado y disparado contra un motociclista que se encontraba aproximadamente a un metro de distancia. La víctima resultó herida en la espalda, pero logró escapar y sobrevivir al ataque.

El segundo investigado es Ronald José Toro Ardila, a quien la Fiscalía señala como presunto cómplice primario del delito de sicariato. De acuerdo con la tesis fiscal, habría cumplido funciones de facilitador logístico y presunto financista de la operación.

¿Qué habría financiado el presunto cómplice?

Según el requerimiento fiscal, Toro Ardila habría realizado transferencias mediante Yape y Plin desde una cuenta del banco Scotiabank. Estos movimientos estarían relacionados con el traslado de un grupo de personas desde Huaraz hacia Caraz, el hospedaje durante tres días y la compra de un teléfono celular utilizado para las coordinaciones previas y durante la ejecución del ataque.

La Fiscalía sostiene que estos movimientos financieros forman parte de los elementos que vincularían al investigado con la presunta organización de la operación criminal.

¿Qué ocurrió durante el ataque?

El ataque contra Susy Aponte ocurrió el 19 de septiembre en un mercado de Caraz. Durante el hecho, la comunicadora fue baleada y una mujer de 72 años también resultó alcanzada por los disparos.

La adulta mayor permaneció internada durante varios días debido a las heridas y posteriormente falleció. Por este hecho, la Fiscalía atribuye a Obispo Díaz el delito de lesiones graves seguidas de muerte.

La Fiscalía sostiene que existen “graves y fundados elementos de convicción” que vincularían a Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila con los hechos investigados.

El Ministerio Público también considera que ambos alcanzan el “estándar de sospecha suficiente” para sustentar su pedido de prisión preventiva.

Respecto al riesgo de fuga, la Fiscalía lo califica como “extremo” y señala que los investigados, ambos de nacionalidad venezolana, no contarían con un arraigo domiciliario, familiar y laboral considerado suficiente en el país.

En el caso de Obispo Díaz, el Ministerio Público sostiene que el riesgo de fuga se habría evidenciado durante su intento de escapar después del ataque, cuando se produjo un enfrentamiento con personal de seguridad de la víctima.

Contexto y antecedentes:

Entre los elementos incorporados por la Fiscalía figuran el acta de intervención policial relacionada con la detención de Obispo Díaz y el arma que, según la investigación, habría sido utilizada durante el ataque.

También se menciona un dictamen pericial de hisopado que habría encontrado compatibilidad con disparo, además de testimonios de personas que presenciaron los hechos ocurridos en el mercado de Caraz.

En el caso de Ronald José Toro Ardila, la Fiscalía presentó reportes bancarios de Scotiabank y registros de OSIPTEL, que, según su hipótesis, permitirían relacionar transferencias, comunicaciones y gastos vinculados con la operación investigada.

La audiencia para evaluar el pedido de 18 meses de prisión preventiva fue programada para este domingo 4 de octubre a las 2:30 de la tarde. Será el Poder Judicial el encargado de determinar si corresponde imponer la medida solicitada por el Ministerio Público.