El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, anunció que presentó una denuncia penal contra Rafael Santos por presunta discriminación contra la población cusqueña, luego de sus polémicos comentarios sobre la capacidad de razonamiento y decisión electoral de los ciudadanos que viven en zonas de altura. Además, pidió al Poder Judicial una “sentencia ejemplar” si las investigaciones determinan que se cometió un delito.

¿Por qué Werner Salcedo denunció a Rafael Santos?

Durante una entrevista con Exitosa Noticias, Werner Salcedo explicó que la acción legal responde a expresiones atribuidas a Rafael Santos, quien habría relacionado la altitud de Cusco con la capacidad de sus habitantes para razonar y decidir su voto. “Nosotros hemos denunciado al señor Santos, donde atribuye a la población cusqueña que nosotros tenemos una menor capacidad para razonar y votar por vivir en altura”, expresó el gobernador regional.

Salcedo sostuvo que este tipo de declaraciones menosprecia a los ciudadanos por su procedencia geográfica y cuestiona su capacidad para ejercer libremente sus derechos políticos.

La denuncia se sustenta, según explicó, en el artículo 323 del Código Penal peruano, referido al delito de discriminación e incitación a la discriminación. No obstante, corresponderá a las autoridades competentes evaluar los hechos y determinar si las expresiones denunciadas configuran un delito.

Werner Salcedo pide una sentencia ejemplar

El gobernador regional del Cusco también solicitó la intervención de la Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes y el caso sea evaluado por las instancias judiciales. Salcedo precisó que su denuncia no busca perseguir una posición ideológica ni impedir las discrepancias políticas, sino cuestionar expresiones que considera discriminatorias contra los habitantes de su región.

“Yo no denuncié una ideología, denuncié discriminación. Pensar diferente no nos hace menos peruanos. Yo puedo discrepar profundamente de cómo vota un ciudadano, pero jamás voy a aceptar que, por votar diferente, se nos considere menos inteligentes, menos capaces o menos peruanos”, manifestó.

Con este pronunciamiento, el gobernador defendió el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes sin que su lugar de origen o sus preferencias electorales sean utilizados para descalificarlos.

Salcedo cuestiona la discriminación contra las poblaciones andinas

Durante su intervención, el gobernador también rechazó las expresiones que, a su juicio, reproducen prejuicios contra las poblaciones de los Andes y la Amazonía. Como referencia, recordó el trato que, según señaló, recibieron habitantes de la Amazonía después de los acontecimientos del Baguazo. Con ello, cuestionó la persistencia de estereotipos que pueden afectar la dignidad de las personas por su procedencia.

Asimismo, destacó el aporte de la población provinciana al desarrollo del país, incluida Lima, y rechazó que los habitantes de las regiones sean considerados inferiores por vivir fuera de la capital.

¿Qué dijo Rafael Santos sobre los votantes cusqueños?

La controversia surgió después de que Rafael Santos realizara comentarios sobre la relación entre la altura geográfica y la capacidad de razonamiento de los ciudadanos de Cusco, en el contexto de las preferencias electorales.

Sus expresiones generaron cuestionamientos y derivaron en acciones legales por presunta discriminación. Además de la denuncia anunciada por Werner Salcedo, el caso provocó reacciones públicas por el posible impacto de este tipo de declaraciones sobre la población cusqueña.

El punto central de la controversia es si los comentarios cuestionados constituyen una expresión discriminatoria que pueda tener consecuencias legales. Esa evaluación no depende únicamente del rechazo público, sino de la investigación y de la valoración jurídica que realicen las autoridades.

La justicia deberá determinar si hubo delito

La denuncia penal presentada por Werner Salcedo abre una nueva etapa en la controversia por los comentarios atribuidos a Rafael Santos. El gobernador ha solicitado que el caso sea investigado y que, si se acredita responsabilidad penal, se aplique la sanción correspondiente.

Por ahora, la denuncia no equivale a una condena. La Fiscalía y las instancias judiciales deberán analizar los hechos, las declaraciones y los elementos disponibles para determinar si existe responsabilidad conforme a la legislación peruana. El caso vuelve a poner en debate los límites de las declaraciones públicas cuando se refieren a la procedencia de los ciudadanos y a su derecho a elegir libremente a sus representantes.