El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó la utilidad del sistema de flagrancia para enfrentar delitos como el sicariato, la extorsión y la criminalidad organizada. El titular del Ministerio Público sostuvo que este mecanismo no está diseñado para investigar delitos graves y complejos.

Durante una entrevista en el programa Punto Final, Gálvez señaló que existe una expectativa equivocada sobre los resultados que puede ofrecer este sistema frente a las organizaciones criminales. Según explicó, los casos de mayor complejidad requieren investigaciones más profundas y un trabajo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Mucha gente se ha generado expectativa de que a través del sistema de flagrancia vamos a enfrentar a la extorsión, el sicariato, la criminalidad organizada, pero eso no es cierto. Los delitos graves y complejos no entran dentro del sistema de flagrancia”, afirmó.

El fiscal también cuestionó que, pese al tiempo que lleva funcionando este mecanismo, no se hayan registrado resultados que demuestren su utilidad para combatir este tipo de delitos.

¿Por qué Tomás Gálvez cuestiona el sistema de flagrancia?

Gálvez sostuvo que el sistema de flagrancia está pensado para determinados casos en los que la intervención de las autoridades ocurre cerca del momento en que se comete un delito. Sin embargo, el sicariato, la extorsión y la criminalidad organizada suelen requerir investigaciones que permitan identificar a los responsables, sus vínculos y la forma en que operan.

El fiscal afirmó que, durante los dos años de vigencia del sistema, no ha observado casos en los que este mecanismo haya servido para enfrentar delitos de esa complejidad. También cuestionó a los políticos que han defendido la norma y planteado fortalecerla como parte de las estrategias contra la inseguridad ciudadana.

Para Gálvez, el Estado debe diferenciar los delitos simples de aquellos que involucran estructuras criminales.

¿Qué propone para combatir el sicariato y la extorsión?

El titular del Ministerio Público planteó que la Policía Nacional del Perú concentre mayores esfuerzos en su trabajo operativo y de inteligencia. Según su propuesta, los agentes deben tener una presencia activa en las calles para detectar a las organizaciones criminales antes de que ejecuten sus acciones. También consideró necesario fortalecer y tecnificar las capacidades de la institución.

“La Policía debe estar en la calle para identificar y anteponerse a la actuación de las organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios”, manifestó. Gálvez cuestionó además que la PNP tenga que atender al mismo tiempo investigaciones simples y casos de alta complejidad. A su juicio, esta distribución de tareas puede afectar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

El fiscal señaló que esta situación también genera una carga de trabajo relacionada con procesos de menor gravedad. Los calificó como casos de “minucia” o de “bagatela”.

¿Qué plantea el Gobierno sobre el sistema de flagrancia?

El debate ocurre luego de que el primer ministro, Luis Galarreta, anunciara el fortalecimiento y la optimización del sistema de flagrancia como parte de las medidas del Ejecutivo contra la inseguridad.

El Gobierno sostiene que existen problemas legales y burocráticos que deben corregirse para mejorar el funcionamiento de este mecanismo. La propuesta forma parte de las acciones anunciadas para enfrentar el avance de la delincuencia. Sin embargo, Tomás Gálvez considera que reforzar el sistema de flagrancia no será suficiente para enfrentar los delitos más complejos.

Su planteamiento apunta a fortalecer la investigación policial, mejorar la inteligencia y aumentar la presencia de los agentes en las calles. El objetivo sería identificar a los integrantes de las organizaciones criminales y actuar antes de que ejecuten nuevos ataques.

La discusión entre el Ministerio Público y el Ejecutivo pone nuevamente en debate cuál debe ser la estrategia del Estado para enfrentar delitos como el sicariato y la extorsión, que afectan a ciudadanos, comerciantes y trabajadores en distintas partes del país.