La denuncia penal contra José María Balcázar presentada por el congresista Segundo Montalvo pone nuevamente al Gobierno en el centro de la polémica. El parlamentario acudió a la Fiscalía de la Nación y señaló al mandatario por presuntos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales. La acusación también alcanza a varios exministros y se relaciona con dos temas que han generado fuertes cuestionamientos: el aumento de la inseguridad ciudadana y la adquisición de 24 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

¿Por qué Segundo Montalvo denunció a José María Balcázar?

Según el documento presentado ante el Ministerio Público, el congresista considera que el Gobierno no habría cumplido de manera adecuada con su responsabilidad de proteger a la población frente al avance de la delincuencia.

Montalvo sostiene que durante la gestión de Balcázar aumentaron delitos como homicidios, extorsiones y secuestros. Para el legislador, esta situación demostraría un supuesto abandono de las funciones que corresponden al presidente en materia de seguridad ciudadana.

El parlamentario también afirma que la criminalidad habría generado graves consecuencias para millones de empresas. En ese sentido, cuestiona las acciones adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar a las organizaciones delictivas y exige que se determine si las autoridades cumplieron con las obligaciones establecidas por las leyes.

La acusación, sin embargo, deberá seguir el proceso correspondiente para establecer si existen elementos suficientes que respalden los presuntos delitos señalados.

¿Qué cuestiona la denuncia penal contra José María Balcázar por la compra de F-16?

El segundo punto de la denuncia se relaciona con la adquisición de 24 aviones de combate F-16 destinados a la Fuerza Aérea del Perú. La operación tendría un valor aproximado de 3.500 millones de dólares y estaría vinculada con la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Montalvo cuestiona que el Gobierno haya autorizado la operación mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026, bajo la figura de "secreto militar". Para el congresista, esta decisión genera dudas sobre la transparencia del proceso.

Además, sostiene que el mandatario negó públicamente la existencia de los contratos relacionados con la compra. Según la denuncia, esta situación habría provocado una crisis política que terminó con la salida del entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y del excanciller Hugo de Zela.

Ambos exfuncionarios, de acuerdo con el documento presentado por Montalvo, cuestionaron la versión ofrecida por el presidente y lo acusaron de haber faltado a la verdad ante la ciudadanía.

¿Qué solicita el congresista a la Fiscalía de la Nación?

El parlamentario pidió al Ministerio Público que actúe frente a los hechos denunciados. Su solicitud contempla el inicio de diligencias preliminares para reunir documentos, recoger pruebas y tomar declaraciones de las personas involucradas.

En el caso del presidente José María Balcázar, Montalvo plantea que la Fiscalía pueda avanzar con las diligencias permitidas por la ley y que cualquier formalización de una investigación se evalúe una vez que concluya su mandato.

El congresista basa su pedido en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Esta norma establece una protección especial para el presidente durante el ejercicio de sus funciones. Según la interpretación planteada por Montalvo, dicha protección terminaría el 28 de julio de 2026, fecha en la que concluiría el mandato presidencial.

La situación es diferente para los exministros y otros funcionarios incluidos en la denuncia. Al no contar con la misma protección constitucional, el parlamentario solicita que las investigaciones contra ellos puedan comenzar de inmediato.

¿Qué papel cumple el Tribunal Constitucional en el pedido?

La denuncia también menciona la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 152/2025. Montalvo considera que este precedente permite al Ministerio Público realizar determinadas acciones de investigación relacionadas con el entorno presidencial mientras el mandatario continúa en funciones.

El congresista sostiene que la Fiscalía podría recopilar información y recoger declaraciones dentro de los límites establecidos por la legislación. Luego, una vez finalizado el mandato presidencial, las autoridades podrían evaluar los siguientes pasos de la investigación.

Si las diligencias encuentran elementos suficientes, el caso podría avanzar hacia las instancias correspondientes. Por ahora, la denuncia presentada por Segundo Montalvo deberá ser evaluada por el Ministerio Público, que tendrá que determinar las acciones que correspondan conforme a la ley.

El caso reúne dos asuntos de alto interés nacional: la lucha contra la inseguridad ciudadana y una millonaria adquisición para la defensa del país. Por ello, la denuncia podría generar nuevas reacciones políticas y abrir un debate sobre las decisiones tomadas durante la gestión de José María Balcázar.