El dirigente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó el Plan Escudo impulsado por el Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana. El excandidato presidencial consideró que la estrategia resulta insuficiente frente al avance de las extorsiones y otros delitos que afectan a la población. Durante una entrevista, afirmó que el país observa una respuesta que calificó como “precaria” ante una situación que requiere decisiones urgentes.

Sánchez cuestionó que el Ejecutivo presente el denominado Plan Escudo como una respuesta integral frente a la criminalidad. A su juicio, la estrategia no aborda todas las causas del problema ni ofrece una solución completa para frenar los ataques contra el transporte y otros sectores.

¿Qué dijo Roberto Sánchez sobre el Plan Escudo?

El líder de Juntos por el Perú sostuvo que el Plan Escudo no representa un verdadero plan para combatir la inseguridad. Incluso, calificó el nombre de la estrategia como una “frase literaria” y señaló que la ciudadanía puede observar las limitaciones de la respuesta estatal.

“El Perú está viendo y observando la precariedad”, afirmó Sánchez al referirse a las medidas adoptadas por el Gobierno.

El político también cuestionó lo que considera una falta de visión integral por parte del Estado. Según explicó, los problemas que enfrenta el país necesitan decisiones concretas y una estrategia que permita actuar antes de que ocurran nuevos ataques.

Sánchez también expresó dudas sobre algunas decisiones del Ejecutivo. Entre ellas, mencionó la designación de funcionarios cuyos antecedentes, según su opinión, deberían generar una mayor revisión antes de asumir cargos importantes.

¿En qué consiste el Plan Escudo?

El Gobierno activó el Plan Escudo el 8 de agosto como parte de su respuesta frente a los ataques y extorsiones que afectan al transporte público.

La estrategia reúne a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas en diferentes puntos considerados prioritarios. El despliegue contempla presencia en rutas, paraderos y patios de maniobras utilizados por empresas de transporte.

Las fuerzas de seguridad también realizan patrullajes preventivos y acciones de inteligencia. El objetivo consiste en reducir el riesgo de nuevos ataques y brindar mayor protección a transportistas y pasajeros.

Sin embargo, la medida también genera cuestionamientos dentro del propio sector transporte. Algunos dirigentes consideran que la presencia de agentes en determinados puntos no resulta suficiente para enfrentar a las organizaciones criminales.

¿Qué cuestionó Sánchez sobre el ministro de Defensa?

Durante sus declaraciones, Roberto Sánchez también puso en duda la designación de Rafael Belaúnde Llosa como ministro de Defensa.

El dirigente planteó una pregunta sobre los antecedentes de financiamiento político que, según sus declaraciones, estarían relacionados con una empresa vinculada a las labores de seguridad que ahora corresponden al sector Defensa.

“¿Sabía Keiko Fujimori que el ministro de Defensa a quien estaba designando había sido financiado en su campaña política electoral por la propia empresa a donde ahora sus competencias como ministro de Defensa tienen que brindar seguridad?”, cuestionó.

Con esta declaración, Sánchez trasladó su crítica más allá del Plan Escudo y puso en debate las decisiones tomadas por el actual Gobierno.

¿Por qué el Plan Escudo genera debate?

La inseguridad y las extorsiones se mantienen como uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos y al transporte público. Frente a ello, el Gobierno apuesta por una mayor presencia de las fuerzas del orden en zonas consideradas vulnerables.

La propuesta busca prevenir ataques y proteger a los usuarios. Sin embargo, sus críticos consideran que el Estado también necesita fortalecer la inteligencia y mejorar la coordinación entre las instituciones para identificar y desarticular a las organizaciones criminales.

En ese contexto, las declaraciones de Roberto Sánchez abren nuevamente el debate sobre la eficacia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno defiende el despliegue de la PNP y las Fuerzas Armadas, sectores de la oposición y representantes del transporte reclaman resultados concretos frente a la criminalidad.