La propuesta para reducir penas por disturbios y bloqueos fue presentada por la diputada Pilar Sulca, de Juntos por el Perú (JP). El proyecto busca modificar las sanciones previstas para algunos delitos relacionados con disturbios y el entorpecimiento de servicios públicos.

La iniciativa también plantea desarrollar mediante una ley el denominado derecho a la protesta y protección a la reunión pacífica. Según el documento presentado por la parlamentaria, la propuesta busca establecer reglas para el ejercicio de estas actividades dentro del marco legal peruano.

¿Qué penas busca modificar el proyecto de Juntos por el Perú?

La iniciativa plantea modificar los artículos 283 y 315 del Código Penal. De acuerdo con el proyecto, los delitos relacionados con el entorpecimiento de servicios públicos y los disturbios tendrían una pena máxima de cuatro años.

Actualmente, determinadas acciones como el bloqueo de carreteras pueden recibir una condena de hasta seis años de prisión. En el caso de los disturbios, la pena puede llegar hasta ocho años, según las circunstancias contempladas por la legislación vigente.

La propuesta de Sulca plantea reducir esos límites a un máximo de cuatro años. Esto tendría como consecuencia que una persona condenada por estos delitos, bajo las condiciones correspondientes, no tenga necesariamente que cumplir una pena efectiva en prisión.

La iniciativa toma como referencia los cambios realizados recientemente por el Tribunal Constitucional sobre algunas normas relacionadas con las protestas violentas.

¿Por qué Pilar Sulca presentó esta iniciativa?

La diputada de Juntos por el Perú sostiene que el proyecto responde a una decisión del Tribunal Constitucional. Según el texto de la propuesta, el organismo dejó sin efecto los artículos 283-A y 315-B del Código Penal.

Estas normas habían sido incorporadas durante el Gobierno de Dina Boluarte y contemplaban sanciones para personas que financiaban movilizaciones que posteriormente podían derivar en hechos violentos.

A partir de este escenario, Sulca plantea establecer un marco legal específico para regular el ejercicio de la protesta y las reuniones pacíficas.

La parlamentaria señala que la propuesta no busca crear un derecho completamente nuevo. Su argumento sostiene que la protesta ya tiene reconocimiento constitucional a través de las disposiciones relacionadas con la reunión y la manifestación pública.

¿El proyecto crea un nuevo derecho a la protesta?

El título de la iniciativa es “Ley que desarrolla el derecho a la protesta y protección a la reunión pacífica”. El proyecto plantea incorporar reglas específicas para definir cómo se ejercen estos derechos.

En el documento, Sulca sostiene:

“A través de esta iniciativa buscamos definir el derecho a la protesta, siendo que no se pretende crear un derecho nuevo, sino que desarrollar legislativamente un derecho ya reconocido constitucionalmente”.

La propuesta busca diferenciar el ejercicio de una protesta pacífica de aquellas acciones que puedan afectar servicios públicos o generar actos de violencia.

Este punto será parte del debate parlamentario, donde los legisladores deberán analizar tanto el alcance del derecho a la protesta como las sanciones aplicables cuando una movilización derive en delitos.

¿Qué podría pasar si el proyecto es aprobado?

Si la iniciativa avanza y recibe la aprobación correspondiente, las penas máximas para los delitos contemplados en los artículos 283 y 315 del Código Penal podrían reducirse a cuatro años.

El cambio tendría impacto en casos relacionados con bloqueos, interrupciones de servicios y disturbios. Sin embargo, la aprobación de un proyecto de ley requiere que la propuesta pase por el proceso legislativo correspondiente y reciba el respaldo necesario.

El debate también podría generar posiciones distintas entre quienes defienden una mayor protección para las protestas pacíficas y quienes consideran necesario mantener sanciones más severas para actos violentos o acciones que afecten servicios públicos.

Por ahora, la propuesta de Pilar Sulca inicia su recorrido en el Congreso. Su discusión permitirá definir hasta dónde debe llegar la protección de la protesta y qué sanciones deben aplicarse cuando estas movilizaciones terminan en actos considerados delitos por la legislación peruana.