La denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos pagos ilegales a cambio de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional será debatida este jueves 29 de octubre en la Cámara de Diputados. El caso también involucra al exministro de Defensa Walter Ayala y enfrenta un plazo clave: la prerrogativa funcional de este último vence el 15 de noviembre de 2026, por lo que el Congreso debe avanzar con el procedimiento para que el Ministerio Público pueda actuar conforme a sus atribuciones.

La Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el diputado Daniel Varas Seguín, de Juntos por el Perú, aprobó por unanimidad el 7 de octubre remitir el informe final al Pleno. La decisión busca acelerar el trámite de una denuncia que permanece pendiente desde el periodo parlamentario anterior.

¿De qué se acusa a Pedro Castillo y Walter Ayala?

Según la denuncia constitucional presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Castillo habría intervenido para favorecer a determinados oficiales en los procesos de ascenso militar de 2021. Las investigaciones parlamentarias señalan que el exmandatario habría presionado a los entonces comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, para promover a oficiales que no cumplían con el puntaje requerido.

Ambos mandos fueron removidos de sus cargos después de que, según las versiones recogidas en el caso, no accedieran a las solicitudes.

La hipótesis fiscal también comprende presuntos pagos ilícitos relacionados con ascensos en la Policía Nacional. De acuerdo con el expediente, Castillo habría recibido US$ 20.000 a través de Walter Ayala, mientras que otro monto similar habría sido atribuido al suboficial Jorge Tarrillo Gálvez.

Estas imputaciones forman parte de la investigación y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes. No constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

¿Qué delitos contempla el informe final?

El documento recomienda acusar a Pedro Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio.

En el caso de Walter Ayala, plantea imputaciones por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. Asimismo, propone levantar el fuero correspondiente para que la Fiscalía pueda proceder de acuerdo con sus competencias.

Sin embargo, el informe recomienda archivar el extremo relacionado con una presunta organización criminal, al considerar que no se habría acreditado la existencia de una estructura paralela a la estatal.

La decisión final dependerá de la votación parlamentaria y del cumplimiento de las etapas previstas para este procedimiento.

¿Por qué es urgente que el Congreso resuelva el caso?

El vencimiento de la prerrogativa funcional de Walter Ayala, previsto para el 15 de noviembre de 2026, añade presión al trámite parlamentario. El debate del jueves 29 de octubre será un paso importante para determinar si el expediente avanza dentro de los plazos establecidos.

El vencimiento de ese plazo no significa automáticamente que desaparezcan todos los hechos investigados ni que se extingan las responsabilidades que pudieran establecerse. Sus efectos deben evaluarse conforme al procedimiento y al marco legal aplicable.

En este escenario, también resulta relevante el papel del Ministerio Público, que deberá actuar dentro de sus atribuciones y evaluar las medidas que correspondan según el estado del caso y los antecedentes disponibles.

La controversia deja una cuestión central para el sistema de justicia: cómo garantizar que las denuncias contra altos funcionarios reciban una respuesta institucional oportuna, con respeto al debido proceso y sin que las demoras impidan esclarecer los hechos.