Los arbitrajes internacionales relacionados con los contratos de peajes de Lima ponen en disputa S/ 11.300 millones, una cifra millonaria que podría tener consecuencias económicas para el país. Según un informe publicado por Diario Expreso el 26 de octubre, el desenlace de estos procesos está relacionado con las controversias sobre los contratos suscritos durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán y con las investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato. <Cite refs={["turn676545search0"]}/>

La Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene litigios internacionales con Rutas de Lima y Lima Expresa, empresas vinculadas a las concesiones de las vías Línea Amarilla y la carretera Panamericana. El resultado de estas disputas podría tener un impacto económico importante, mientras las autoridades buscan sustentar sus cuestionamientos a los contratos mediante procedimientos judiciales y documentación.

¿Por qué están en disputa S/ 11.300 millones?

De acuerdo con la publicación de Expreso, los arbitrajes internacionales relacionados con los contratos de peajes involucran aproximadamente S/ 11.300 millones, equivalentes a US$ 3.285,5 millones.

El medio sostiene que los acuerdos fueron establecidos en condiciones presuntamente desfavorables para el Estado peruano y beneficiosas para las empresas concesionarias. Esta interpretación se relaciona con las investigaciones sobre los presuntos aportes de constructoras a las campañas políticas de Susana Villarán.

No obstante, el cuestionamiento de los contratos y las acusaciones de corrupción deben distinguirse de una decisión judicial definitiva que determine su invalidez.

¿Qué ocurre con Rutas de Lima y Lima Expresa?

La Municipalidad de Lima enfrenta controversias internacionales con dos empresas relacionadas con la administración de importantes vías de la capital.

Rutas de Lima está vinculada a la concesión de peajes en la carretera Panamericana y a las empresas Odebrecht y Brookfield. Por su parte, Lima Expresa está relacionada con la concesión de Línea Amarilla, anteriormente vinculada a OAS y actualmente bajo la estructura empresarial de Vinci Highways.

Según Expreso, la Procuraduría General del Estado y la Municipalidad de Lima promovieron un procedimiento de obtención de pruebas conocido como Discovery en Estados Unidos, relacionado con Rutas de Lima.

El objetivo señalado en la publicación es conseguir documentación que permita sustentar los cuestionamientos a los contratos. La información obtenida podría ser relevante para las acciones judiciales que se impulsen en el Perú.

¿Qué relación tiene Susana Villarán con el caso?

La exalcaldesa de Lima enfrenta un proceso judicial relacionado con presuntos actos de corrupción durante las campañas del No a la revocatoria de 2013 y de reelección de 2014. Las investigaciones comprenden presuntos aportes de empresas constructoras a sus campañas.

La publicación también menciona otros expedientes fiscales y judiciales relacionados con contratos suscritos durante su administración. Además, plantea cuestionamientos sobre una presunta participación de Jorge Nieto en el manejo de dinero de origen ilícito.

Sin embargo, el texto publicado no desarrolla pruebas específicas que permitan establecer esa presunta participación como un hecho acreditado. Por ello, cualquier señalamiento contra Nieto debe mantenerse en el terreno de las imputaciones atribuidas a la fuente y no presentarse como una responsabilidad demostrada.

¿Qué cuestionamientos planteó el abogado Humberto Abanto?

En la publicación, el abogado Humberto Abanto cuestionó el tratamiento de las investigaciones del equipo Lava Jato y comparó el caso de Villarán con otras pesquisas relacionadas con aportes a campañas políticas.

“Cuando alguien dijo que había escuchado de aportes de 200 mil dólares a una campaña del Apra, incluyeron a toda su dirigencia partidaria en una investigación por organización criminal. Algo parecido sucedió con Luis Castañeda y Solidaridad, pero con Villarán sostenían que solo ella y José Miguel Castro, ahora muerto, gestionaron millones”, cuestiona.

La declaración expresa la posición del abogado sobre la forma en que se desarrollaron esas investigaciones. Sus afirmaciones deben entenderse como cuestionamientos atribuidos a él, no como conclusiones judiciales sobre la actuación del Ministerio Público.

¿Qué tendría que ocurrir para cuestionar los contratos?

Según el análisis presentado por Expreso, uno de los puntos centrales es conseguir documentación y decisiones judiciales que permitan demostrar si los contratos estuvieron vinculados a actos delictivos. La publicación sostiene que acreditar esa relación podría servir de base para solicitar la anulación de los acuerdos y cuestionar los arbitrajes derivados de ellos.

No obstante, la eventual nulidad de los contratos o la invalidez de los procedimientos arbitrales dependerá de los fundamentos jurídicos aplicables y de las decisiones de las autoridades competentes.

Por ahora, los S/ 11.300 millones representan el monto señalado por el medio en relación con las controversias internacionales. El desenlace de los procesos y sus consecuencias económicas para Lima y el Estado peruano dependerán de las actuaciones judiciales y arbitrales correspondientes.