La situación de la seguridad ciudadana en Perú volvió a colocar bajo presión a la actual conducción de la Policía Nacional. El reciente ataque ocurrido en Trujillo, que dejó cuatro personas muertas y terminó con el secuestro de un empresario minero, reavivó las críticas contra la capacidad de las autoridades para enfrentar al crimen organizado.

El empresario fue liberado un día después. Sin embargo, el caso generó nuevas preguntas sobre las estrategias que aplica la PNP frente al avance de las organizaciones criminales. A este escenario se suman las cifras de extorsión, los ataques contra transportistas y el incremento de homicidios registrados durante los últimos años.

¿Cuánto aumentaron las denuncias por extorsión?

Los registros del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), citados en el informe, muestran un crecimiento importante de las denuncias por extorsión.  En 2021 se registraron 4.735 denuncias a nivel nacional. Un año después, la cifra aumentó a 16.346. Para 2023, los casos llegaron a 22.675. Durante 2024 se contabilizaron 22.361 denuncias. Sin embargo, en 2025 el número volvió a crecer hasta alcanzar los 26.585 casos.

Estos datos muestran que las denuncias por extorsión se multiplicaron en pocos años. Además, existe un problema adicional: muchas víctimas no denuncian las amenazas que reciben.

Algunos afectados optan por ignorar las intimidaciones. Otros terminan entregando el dinero que exigen los delincuentes. Por ello, el número real de casos podría ser mayor al que aparece en los registros oficiales.

Ataques contra transportistas también aumentan

La situación también preocupa al sector transporte. El dirigente gremial Martín Ojeda informó que hasta el 31 de julio de 2026 se habían registrado 113 ataques contra transportistas. La cifra ya supera los 107 atentados contabilizados durante todo 2025.

De acuerdo con la información difundida, estos ataques dejaron 76 transportistas muertos. El dato refleja el nivel de violencia que enfrentan los trabajadores del transporte frente a las acciones de grupos dedicados a la extorsión y otros delitos. El incremento de estos hechos ha convertido la seguridad de los transportistas en uno de los principales reclamos de diversos sectores.

¿Cuántos homicidios se registraron en los últimos años?

Los datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) también muestran un incremento de los homicidios en el país. Durante 2021 se contabilizaron 1.417 homicidios. En 2022 la cifra llegó a 1.540 y en 2023 aumentó hasta 1.511. El número volvió a subir en 2024, cuando se registraron 2.083 homicidios. En 2025, el país alcanzó 2.218 víctimas, la cifra más alta de la serie mencionada.

Entre las regiones con mayor cantidad de homicidios durante 2025 aparece Lima, con 837 casos. Le siguen La Libertad, con 237; Callao, con 192; Piura, con 154; e Ica, con 93. Estas cifras alimentan el debate sobre las estrategias de prevención y respuesta frente a la criminalidad.

Millones destinados a la Policía siguen sin ejecutarse

Otro punto que genera cuestionamientos está relacionado con los recursos destinados a modernizar la Policía Nacional. Según el informe citado, más de S/316 millones aprobados el 20 de agosto de 2025 para equipar y modernizar a la institución permanecían sin ejecutar casi 11 meses después.

Los recursos estaban destinados a diferentes necesidades, entre ellas vehículos, protección, comunicaciones e inteligencia. Una investigación de Hildebrandt en sus Trece señaló que varias dependencias presentaban un avance de ejecución de 0 %. Las dificultades estarían relacionadas con retrasos en los procesos de abastecimiento y contratación.

Uno de los casos señalados corresponde a la División de Extorsiones. Esta unidad habría perdido cerca de S/3,8 millones destinados a la adquisición de 38 vehículos debido a retrasos en el proceso de contratación. La situación genera preocupación debido a que el Ministerio Público registró 11.946 denuncias por extorsión durante el primer semestre de 2026.

¿Qué cuestionamientos enfrenta Óscar Arriola?

El incremento de los delitos y las dificultades en la ejecución de recursos han provocado cuestionamientos políticos sobre la conducción de la PNP. El exministro del Interior mencionado en el informe considera que el comandante general Óscar Arriola debería dejar el cargo. Otros sectores también han planteado dudas sobre la capacidad de la actual jefatura policial para responder al avance de las organizaciones criminales.

A ello se suma una denuncia presentada por el general Gustavo Pareja contra Arriola por un presunto caso de abuso de autoridad. Esta situación deberá seguir el procedimiento correspondiente para determinar si existen responsabilidades. Por ahora, los cuestionamientos se concentran en tres aspectos: el aumento de la criminalidad, la capacidad operativa de la Policía y la ejecución de recursos destinados a fortalecerla.

La situación coloca a Óscar Arriola bajo una creciente presión política mientras el Gobierno y la Policía enfrentan el desafío de reducir las extorsiones, frenar los ataques contra transportistas y contener el aumento de los homicidios.