El organismo internacional sostuvo que el expresidente fue privado de su libertad sin cumplir plenamente con los estándares del derecho internacional y recomendó al Estado peruano ponerlo en libertad de manera inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras formas de reparación.

El pronunciamiento también solicita que las autoridades peruanas investiguen las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales del exmandatario durante el proceso judicial iniciado tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

¿Por qué la concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria?

El Grupo de Trabajo analizó la documentación presentada por las partes y concluyó que la detención del exjefe de Estado vulneró normas internacionales relacionadas con la libertad personal y el debido proceso.

Según el informe, el caso incumplió disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por ello, el organismo recomendó que el Estado peruano adopte medidas inmediatas para corregir la situación.

Además de solicitar la liberación de Castillo, la consideró que corresponde reconocerle el derecho a recibir una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional.

La cuestiona el debido proceso y el derecho a la defensa

El informe también identifica presuntas irregularidades durante el proceso judicial.

Entre ellas, señala que Pedro Castillo no habría contado con acceso inmediato a un abogado de su confianza tras su detención.

Asimismo, sostiene que durante el procedimiento de vacancia presidencial no se otorgó a su defensa el tiempo suficiente para preparar adecuadamente sus argumentos.

Los expertos también afirmaron que el tribunal que asumió el caso no habría seguido el procedimiento que, según su análisis, correspondía para este tipo de proceso.

Observan declaraciones públicas sobre la culpabilidad de Castillo

Otro de los puntos señalados por el Grupo de Trabajo está relacionado con la presunción de inocencia.

El informe indica que diversas autoridades realizaron declaraciones públicas que presentaban a Pedro Castillo como responsable de delitos antes de que existiera una sentencia firme.

Según la, estas manifestaciones pudieron generar un ambiente de presión política que afectara la independencia de las actuaciones judiciales.

Además, el documento sostiene que el Ministerio Público no constituye una autoridad judicial independiente para efectos del análisis realizado.

Recomendaciones al Estado peruano

El organismo internacional pidió que las autoridades peruanas desarrollen una investigación independiente sobre las circunstancias de la detención del expresidente.

También recomendó identificar a los responsables de las presuntas vulneraciones de derechos humanos y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la legislación nacional e internacional.

La opinión fue aprobada mediante la Opinión 78/2025, emitida el 14 de noviembre de 2025, luego de evaluar la información presentada tanto por la parte denunciante como por el Estado peruano.

Cabe recordar que, en noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.