ONPE financia defensa legal de Piero Corvetto con un desembolso superior a S/624 mil, según documentos internos difundidos en los últimos días. La decisión generó cuestionamientos en el Congreso, donde algunos legisladores solicitaron la intervención de la Contraloría y pidieron explicaciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre el uso de recursos públicos.

La defensa del exjefe de la estaría a cargo del estudio de abogados Arbizu y Gamarra. El financiamiento corresponde a dos pagos aprobados por la entidad durante este año.

¿Cómo se aprobó la defensa legal de Piero Corvetto?

De acuerdo con la documentación difundida, el primer desembolso fue de S/100 mil y recibió autorización en abril de 2026. El segundo pago asciende a S/524 mil y su procedimiento administrativo concluyó el 22 de julio.

Ambos montos suman S/624 mil, destinados a cubrir los servicios de defensa legal del exfuncionario.

La contratación fue aprobada mediante la Resolución de Secretaría General N.° 71-2026-SG, firmada por el jefe interino de la, Bernardo Pachas, quien anteriormente ocupó el cargo de gerente general durante la gestión de Corvetto.

ONPE financia defensa legal de Piero Corvetto por investigaciones vinculadas a su gestión

Según la resolución, la contratación corresponde a un servicio especializado de asesoría legal para afrontar investigaciones penales y administrativas relacionadas con el ejercicio de sus funciones como jefe de la.

El beneficio comprende tanto la etapa preliminar como la etapa preparatoria de los procesos abiertos contra Corvetto por presuntas irregularidades y fallas logísticas durante la organización de las Elecciones Generales de 2026.

La normativa vigente permite que determinadas entidades públicas financien la defensa legal de sus funcionarios cuando las investigaciones se encuentran directamente relacionadas con las funciones que desempeñaron en el cargo.

Congreso solicita investigación sobre el uso de recursos públicos

La decisión de la provocó reacciones en el Congreso. El diputado Aldo Bravo, de Renovación Popular, presentó un pedido para que la Contraloría General de la República realice acciones de control sobre los desembolsos efectuados.

Además, remitió un oficio a la para solicitar información detallada sobre los criterios utilizados para aprobar el financiamiento de la defensa legal del exjefe del organismo electoral.

Hasta el momento, la no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre los cuestionamientos formulados desde el Parlamento. Se espera que la información solicitada permita esclarecer el procedimiento seguido para autorizar el uso de estos recursos públicos.