Ministerio de Justicia adjudica obra de S/192 millones a consorcio sin RUC activo y desata cuestionamientos sobre el proceso de selección para la ampliación del penal de Arequipa. Una investigación periodística reveló que la agrupación empresarial beneficiada formalizó su inscripción tributaria el mismo día en que recibió la buena pro de una de las obras penitenciarias más importantes del país.

El proyecto busca ampliar la capacidad del establecimiento penitenciario de Arequipa para albergar a aproximadamente 1.600 internos y reducir los niveles de hacinamiento. Sin embargo, diversos aspectos del proceso han generado interrogantes sobre los criterios aplicados durante la adjudicación.

¿Por qué genera polémica la adjudicación de esta obra?

Según la investigación, el Consorcio Infra Penal Arequipa obtuvo la adjudicación de una obra valorizada en 192 millones de soles pese a que no contaba con un Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo durante parte del proceso.

La información señala que la inscripción formal ante la Sunat se realizó el mismo día en que el consorcio fue declarado ganador del proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia.

Este hecho ha despertado dudas sobre los requisitos exigidos a los participantes y los mecanismos de control aplicados durante la evaluación de las propuestas.

Ministerio de Justicia adjudica obra de S/192 millones a consorcio sin RUC activo y con empresas sancionadas

Otro aspecto que ha llamado la atención es la composición del consorcio ganador.

De acuerdo con el reportaje, las empresas que integran la agrupación registran antecedentes de sanciones e inhabilitaciones en procesos de contratación pública.

Entre ellas figura Ahren Contratistas Generales SAC, empresa que recibió sanciones relacionadas con la presentación de información considerada irregular en anteriores procesos de contratación estatal.

Asimismo, Constructora M&J SAC también registra antecedentes de suspensión vinculados al incumplimiento de normas establecidas para contrataciones con entidades públicas.

Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre los filtros utilizados para seleccionar a los participantes invitados al procedimiento.

¿Cómo se realizó el proceso de selección?

La investigación señala que la adjudicación no se desarrolló mediante una licitación pública abierta.

Según la información difundida, el Ministerio de Justicia habría utilizado un mecanismo de invitación directa para seleccionar a las empresas participantes.

Este procedimiento también ha sido objeto de debate debido a la magnitud de la inversión y a la importancia del proyecto para el sistema penitenciario nacional.

El costo del proyecto aumentó con los años

Otro dato revelado por la investigación muestra un significativo incremento en el presupuesto destinado a la ampliación del penal de Arequipa.

Inicialmente, en 2011, la obra contemplaba una inversión cercana a los 65 millones de soles. Sin embargo, para enero de 2026 el costo total estimado habría alcanzado aproximadamente los 366 millones de soles.

Este aumento ha generado nuevas preguntas sobre la planificación y ejecución del proyecto a lo largo de los años.

¿Quién representa legalmente al consorcio?

La investigación identificó como representante legal del consorcio al abogado Pierre Escobar Otoya.

Según el reportaje, el profesional reconoció haber llegado al cargo por recomendación y señaló que no contaba con experiencia previa en procesos de contratación pública de esta magnitud.

Además, se informó que anteriormente trabajó en el estudio jurídico del exministro de Justicia Juan José Santiváñez, cuya gestión impulsó el proyecto antes de su salida del cargo.

Caso genera pedidos de esclarecimiento

Las revelaciones han provocado diversas reacciones en el ámbito político y administrativo. Mientras continúan las interrogantes sobre la adjudicación, distintos sectores esperan que las autoridades competentes revisen el procedimiento y determinen si se cumplieron todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Por ahora, el proyecto sigue bajo la atención pública debido al elevado monto comprometido y a las circunstancias que rodearon la selección del consorcio ganador.