La salida de Óscar Arriola vuelve a generar debate dentro del Congreso luego del violento ataque ocurrido en Trujillo, que dejó cuatro personas muertas y un empresario minero secuestrado. La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, cuestionó la permanencia del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y pidió al ministro del Interior tomar medidas inmediatas frente al avance de la delincuencia.

Yarrow expresó su posición este domingo 30 de agosto mediante sus redes sociales. La parlamentaria consideró que los recientes hechos de violencia muestran la necesidad de realizar cambios en la conducción de la institución policial.

Su pedido ocurre en medio de la preocupación por el aumento de hechos criminales en distintas zonas del país. La legisladora dirigió su reclamo directamente al titular del Ministerio del Interior y cuestionó los resultados obtenidos durante la gestión de Arriola.

¿Por qué Norma Yarrow pide la salida de Óscar Arriola?

La congresista relacionó su pedido con varios hechos de violencia registrados recientemente. Entre ellos mencionó el asesinato de una presidenta de una olla común y el cuádruple crimen ocurrido en La Libertad.

A través de una publicación en X, Yarrow sostuvo que la situación de inseguridad exige una respuesta inmediata. “¡El Perú se desangra y Arriola sigue en el cargo!”, escribió.

La legisladora también preguntó al ministro del Interior, César Astudillo, hasta cuándo mantendría al comandante general en su puesto. Luego exigió directamente la salida de Arriola.

Con este pronunciamiento, Yarrow busca que el Ejecutivo evalúe la conducción de la PNP y adopte decisiones frente a los resultados en materia de seguridad ciudadana.

¿Qué cuestionamiento hizo sobre Vladimir Cerrón?

Además de criticar la respuesta policial frente a la criminalidad, Norma Yarrow cuestionó la actuación de Óscar Arriola en el caso de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y entonces prófugo de la justicia.

La parlamentaria calificó como una “hazaña” del jefe policial el hecho de “custodiar a un prófugo mientras los peruanos mueren”. Con esta expresión, Yarrow cuestionó la prioridad que, según su opinión, habría tenido la Policía durante el operativo relacionado con Cerrón.

La afirmación corresponde a una crítica política de la legisladora. Hasta el momento, el señalamiento no implica por sí mismo una conclusión oficial sobre alguna responsabilidad de Arriola.

El caso de Cerrón ha generado atención política debido a las acciones desplegadas por la Policía para ubicarlo. Yarrow utilizó este episodio para reforzar su pedido de cambios en la institución.

¿Renovación Popular también pidió la salida del jefe policial?

El pedido de Yarrow coincide con la posición expresada por la bancada de Renovación Popular. El grupo parlamentario también reclamó la renuncia inmediata del comandante general de la PNP.

La agrupación sostuvo que la delincuencia y el crimen organizado han alcanzado un nivel que exige una respuesta diferente. Además, cuestionó la falta de resultados en materia de seguridad.

Para Renovación Popular, los hechos ocurridos en La Libertad refuerzan la necesidad de revisar la conducción de la Policía y adoptar medidas frente a la criminalidad.

La bancada señaló que no basta con anunciar acciones. En su posición, las autoridades deben mostrar resultados concretos para recuperar la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué otra propuesta busca modificar la conducción policial?

El debate sobre la permanencia de Arriola también coincide con una iniciativa presentada por Juntos por el Perú. El proyecto plantea otorgar a la presidenta Keiko Fujimori la posibilidad de cesar anticipadamente al comandante general de la PNP bajo la causal de “pérdida sobreviniente de idoneidad”.

La propuesta forma parte de la discusión sobre las facultades del Ejecutivo y el control de la institución policial.

Por ahora, el pedido de Norma Yarrow representa una exigencia política dirigida al Ejecutivo. La eventual continuidad o salida de Arriola dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Mientras tanto, la violencia registrada en Trujillo mantiene la atención sobre las medidas que tomará el Gobierno para enfrentar al crimen organizado. El asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero han vuelto a colocar la seguridad ciudadana como uno de los principales desafíos para las autoridades.