El Ministerio de Salud (Minsa) vuelve a estar bajo cuestionamiento tras la reincorporación de Edwin René Coyla Carreño al sector Salud, pese a que enfrenta un proceso judicial relacionado con el presunto delito de colusión agravada. El funcionario estuvo vinculado al Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), entidad responsable de proyectos de infraestructura hospitalaria, y su actuación en 2020 generó controversia por cambios en los requisitos profesionales para ocupar cargos directivos.

La información fue difundida por el diario Expreso y recogida por Exitosa Noticias. El caso vuelve a poner bajo escrutinio los criterios de designación de funcionarios públicos y las decisiones administrativas en organismos que gestionan recursos destinados a la construcción y mejora de hospitales.

¿Qué cuestionamientos existen contra Edwin René Coyla Carreño?

Según la investigación periodística, Coyla Carreño modificó un clasificador de cargos durante su encargo temporal en el PRONIS, en 2020. La medida permitió restablecer requisitos profesionales más amplios para acceder a puestos directivos dentro de la institución. En ese periodo, el funcionario asumió la Coordinación General encargada del programa después de que se dejara sin efecto la designación de Fredy Jordán Medina, contador público que no cumplía con los requisitos profesionales entonces vigentes.

Pocos días después de asumir el cargo temporal, Coyla firmó la Resolución de Coordinación General N.° 037-2020-PRONIS-CG. Mediante esta disposición, se eliminó la exigencia que restringía la dirección a profesionales de Ingeniería y Arquitectura, y se recuperó el marco normativo de 2019, que también permitía la participación de especialistas en Contabilidad, Economía, Derecho y Administración.

La modificación generó cuestionamientos sobre la flexibilización del perfil técnico necesario para dirigir una entidad encargada de inversiones en infraestructura sanitaria.

¿Cuál es la situación judicial del funcionario?

De acuerdo con la información publicada por Exitosa Noticias, Coyla Carreño recibió en primera instancia una condena de siete años de prisión por el delito de colusión agravada, por hechos relacionados con su gestión en la Municipalidad de Amantaní, en Puno. Posteriormente, una sala judicial de segunda instancia revocó la condena y dispuso su absolución. Sin embargo, el Ministerio Público presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, que, según la publicación, continúa pendiente de una resolución definitiva.

Por ello, la situación procesal debe distinguirse de una condena firme: la decisión inicial fue revocada en segunda instancia y el recurso fiscal busca que el máximo tribunal se pronuncie sobre el caso.

Además, el funcionario promovió una demanda de amparo para cuestionar actuaciones relacionadas con su situación. Según el reporte periodístico, esta solicitud fue desestimada en las instancias correspondientes y la decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional.

¿En qué área del sector Salud volvió a trabajar?

La publicación señala que Coyla Carreño volvió a desempeñar funciones en el sector Salud, específicamente en la subgerencia de obras de EsSalud, bajo la gestión de Fredy Jordán Medina. Su retorno reavivó las interrogantes sobre los criterios utilizados para incorporar o mantener funcionarios en entidades públicas mientras afrontan procesos judiciales pendientes. No obstante, la información difundida no precisa la fecha exacta de su reincorporación ni detalla las condiciones administrativas de su contratación actual.

¿Por qué el caso genera preocupación?

El PRONIS tiene a su cargo proyectos de inversión relacionados con la infraestructura sanitaria. Por ello, los perfiles profesionales de sus responsables y la transparencia de sus decisiones administrativas son aspectos importantes para supervisar el uso de los recursos públicos. La controversia también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control aplicados a los funcionarios que participan en la planificación y ejecución de obras hospitalarias.

Hasta la información publicada el 20 de octubre de 2026, el caso mantiene dos frentes de atención: los cuestionamientos por la modificación de los requisitos profesionales en el PRONIS y el proceso judicial que, según el reporte, permanece pendiente de una decisión definitiva de la Corte Suprema.

La información disponible no incluye una respuesta del Minsa o del funcionario sobre los cuestionamientos expuestos. Por ello, cualquier conclusión sobre posibles responsabilidades debe considerar las decisiones administrativas documentadas y el estado actual del proceso judicial.