El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, afirmó durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que los abusos sexuales contra menores en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, tienen un “origen cultural”. Tras ser cuestionado por la presidenta de la comisión, el funcionario reconoció que se había expresado mal, aunque mantuvo su posición sobre la existencia de un componente cultural en el origen de estas conductas.

La intervención ocurrió el martes 15 de septiembre, durante una sesión en la que Álvarez fue invitado para informar sobre las políticas de Estado de su sector y responder las preguntas de los diputados. La agenda oficial del Congreso confirmó su participación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

¿Qué dijo Ernesto Álvarez sobre los abusos sexuales en Condorcanqui?

La declaración surgió después de que la diputada Romina Uribe, del Partido del Buen Gobierno, preguntara por las medidas que adoptará el Estado frente a los numerosos casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes registrados en la provincia. Álvarez sostuvo que existe una responsabilidad social que debe ser atendida junto con la aplicación de las normas penales. En ese contexto, señaló que en algunas comunidades la convivencia íntima con menores no sería percibida como delito y afirmó que existe un “hecho cultural” que debe corregirse.

“Hay más de veinte comunidades en esa provincia y cada una tiene un Apu. El problema es que hay responsabilidad social, porque la convivencia íntima con menores no es vista como un delito, ni siquiera como una falta social. Hay un hecho cultural que hay que corregir desde la raíz”, declaró el ministro.

El titular de Justicia agregó que el Estado también debe trabajar en aspectos culturales y sociales, además de garantizar la aplicación de las normas. Según su explicación, las poblaciones vulnerables requieren acciones que permitan identificar estas conductas como delitos.

¿Por qué Catherine Palomino cuestionó al ministro?

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Catherine Palomino, cuestionó la utilización de la expresión “hechos culturales” para referirse a las agresiones sexuales contra menores. La legisladora señaló que este tipo de delitos no puede defenderse bajo ningún argumento cultural. Ante esta observación, Álvarez reconoció que había utilizado una expresión incorrecta y realizó una precisión sobre sus palabras.

“Me he expresado mal, seguramente. Y no, no son hechos culturales, sino que tienen un origen cultural, pero es un delito abominable”, respondió el ministro. De esta manera, Álvarez sostuvo que no estaba calificando las agresiones sexuales como hechos culturales, sino que planteaba que determinados factores culturales podrían influir en el origen de esas conductas.

¿Qué comparación utilizó Ernesto Álvarez?

Para explicar su argumento, el ministro recurrió a un ejemplo relacionado con las normas de tránsito. Álvarez comparó la percepción de que algunas reglas pueden incumplirse cuando existe poca posibilidad de sanción con el comportamiento que, según su explicación, se presentaría en determinadas comunidades. “Lo que pasa es que estas comunidades, al igual que nosotros en la costa, muchas veces entendemos de que a partir de las doce de la noche podemos pasarnos la luz roja”, sostuvo.

El funcionario añadió que, si una infracción provoca una muerte, se convierte en un delito. Con esta comparación buscó explicar su planteamiento sobre la percepción social de determinadas normas.

Álvarez también afirmó que los responsables de agresiones sexuales deben ser considerados delincuentes independientemente de su procedencia. “Tengan uniforme o no tengan uniforme, sean (...) de pueblo indígena o sean colonos, sean ilegales, madereros, lo que sea, es un delito y tiene que ser tratado así con dureza por parte del Estado y con prevención”, manifestó.

¿Qué antecedentes existen sobre los casos de Condorcanqui?

Las declaraciones de Álvarez se producen en medio de la atención pública sobre los casos de violencia sexual contra menores en comunidades indígenas de Condorcanqui. El tema también tiene un antecedente político en 2024, cuando el entonces ministro de Educación, Morgan Quero, calificó abusos sexuales cometidos en comunidades de la zona como “prácticas culturales”. Aquellas declaraciones generaron cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales.

Además, semanas atrás, una delegación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos llegó al Perú para evaluar la situación de violencia sexual contra niñas indígenas en Condorcanqui.

El debate vuelve a colocar en la agenda pública la respuesta del Estado frente a las denuncias de violencia sexual contra menores en esta provincia amazónica y las medidas de prevención, protección y persecución de los responsables.