El Ministerio de Educación (Minedu) presentó nuevos lineamientos de disciplina escolar que contemplan la expulsión definitiva por faltas muy graves, como bullying, violencia sexual, extorsión y porte de armas. La propuesta fue presentada el 12 de octubre de 2026 con la participación de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro José Antonio Chang Escobedo. Además, establece suspensiones de hasta tres días y un plazo de 30 días para que los colegios adapten sus reglamentos una vez aprobadas las disposiciones.

La iniciativa busca reforzar la autoridad docente, mejorar la convivencia escolar y establecer sanciones según la gravedad de cada conducta. El documento será prepublicado para recibir aportes antes de su aprobación oficial.

¿Qué faltas pueden provocar la expulsión escolar?

Entre las faltas muy graves figuran el bullying, la violencia sexual, la discriminación, los actos de odio, la extorsión, el cobro de cupos y el porte de armas. También se incluyen el robo, la destrucción intencional de infraestructura, la falsificación de documentos, la suplantación de identidad y el fraude en evaluaciones.

Durante la presentación, Keiko Fujimori anunció el restablecimiento de las expulsiones escolares para los casos que lo ameriten. Por su parte, el ministro José Antonio Chang señaló que acumular tres suspensiones durante el año escolar podrá constituir un supuesto de falta muy grave que motive la separación definitiva.

¿Qué sanciones recibirán los alumnos por faltas graves y leves?

Las faltas graves comprenden daños a la propiedad escolar, uso indebido de celulares, más de tres tardanzas injustificadas durante un bimestre, agresiones físicas leves sin lesiones y violencia psicológica. También incluyen la posesión o el consumo de sustancias prohibidas y la reincidencia en tres o más faltas leves durante el año.

Ante estas conductas, la dirección podrá imponer suspensiones de hasta tres días hábiles, con un máximo de cuatro veces al año, o establecer una matrícula condicional.

En cambio, las faltas leves, como distraerse reiteradamente durante las clases o interrumpir a los compañeros, recibirán medidas correctivas. Estas pueden incluir amonestaciones verbales o escritas, reparación de daños y restricciones temporales para acceder a espacios recreativos, sin retirar al estudiante del colegio.

¿Cómo actuarán los colegios ante una falta?

Los lineamientos establecen cinco pasos: intervenir para detener la conducta, registrar el incidente, comunicar los casos graves o muy graves a la dirección dentro de las siguientes 24 horas, determinar la medida correspondiente e informar a la familia.

Si se dispone una expulsión, los padres o apoderados tendrán tres días hábiles para solicitar una reconsideración. La institución contará con cinco días hábiles para resolver el pedido.

Antes de imponer una sanción, los colegios deberán evaluar la edad del estudiante, su historial de conducta, las circunstancias del hecho, el daño ocasionado y su disposición para reparar las consecuencias.

Además, la propuesta contempla mecanismos para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes expulsados mediante la UGEL, con alternativas digitales e híbridas y apoyo psicológico. Si los hechos pueden constituir una infracción penal, deberán comunicarse a las autoridades competentes.

¿Qué cuestionamientos existen sobre las expulsiones?

La diputada Susana Matute advirtió en RPP que la expulsión no debe ser la única respuesta frente a las faltas graves. La legisladora, quien fue directora de una institución educativa, sostuvo que los colegios deben proteger a las víctimas, sancionar a los responsables y promover cambios de conducta.

Matute no descartó la separación definitiva cuando la gravedad del caso lo justifique, pero señaló que retirar al estudiante no resuelve necesariamente las causas de su comportamiento ni evita que vuelva a cometer una falta.

La propuesta también incluye futuras disposiciones sobre la presentación personal de los alumnos de colegios públicos, como el maquillaje, el cabello, el pintado de uñas y el uso de las faldas escolares.

Los lineamientos deberán recibir aportes antes de su aprobación oficial. Una vez aprobados, las instituciones educativas tendrán 30 días para adecuar sus reglamentos internos.