Los bonos de la deuda agraria vuelven a generar cuestionamientos al Estado. El abogado Manuel Villa García solicitó al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, que disponga la emisión de un nuevo decreto supremo para establecer una fórmula que permita actualizar el valor de estos documentos. Según explicó, esta medida debe cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional (TC) en diciembre de 2025.

El pedido ocurre mientras miles de familias continúan esperando una solución para una deuda que se originó hace más de cinco décadas. Villa García, socio del Estudio Olaechea, sostuvo que el Estado debe atender las decisiones del TC y encontrar una fórmula que permita determinar el valor real de los bonos.

¿Por qué reclaman una nueva fórmula para los bonos de la deuda agraria?

El abogado explicó que los bonos fueron emitidos durante la década de 1970 bajo el sistema monetario de los llamados “soles de oro”. Posteriormente, el Perú cambió al inti y, en 1991, adoptó el nuevo sol.

Estos cambios monetarios provocaron una fuerte pérdida del valor expresado originalmente en los documentos. Por ello, Villa García considera necesario utilizar una fórmula de actualización que tome en cuenta el valor real de la deuda y no únicamente su monto nominal.

El especialista recordó que el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento en diciembre de 2025 y ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas elaborar un nuevo decreto supremo con una fórmula de valorización.

Sin embargo, cuestionó que el Gobierno haya aprobado posteriormente otra norma que, según su interpretación, mantiene criterios similares a los utilizados años atrás.

¿Qué ocurrió con el decreto publicado en julio de 2026?

Villa García cuestionó el Decreto Supremo 135-2026-EF, publicado el 14 de julio de 2026, durante la gestión del expresidente José María Balcázar y del entonces ministro de Economía, Rodolfo Acuña.

De acuerdo con el abogado, esta norma volvió a establecer fórmulas para calcular el valor de los bonos que guardan similitudes con las aprobadas en 2017.

Para Villa García, esta situación demuestra que el Estado todavía no ha encontrado una solución definitiva. Además, considera que el Ministerio de Economía debe cumplir de manera efectiva con lo establecido por el Tribunal Constitucional.

El abogado pidió a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro Elmer Cuba atender el problema y evitar que el conflicto continúe durante más años.

¿Qué cuestionan sobre los bonos declarados patrimonio cultural?

Otro punto de controversia involucra al Ministerio de Cultura. Villa García cuestionó la decisión de declarar determinados bonos de la reforma agraria como patrimonio cultural.

El abogado solicitó al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, dejar sin efecto la Resolución Viceministerial 223-2026-BMP-CIC-MC. Esta norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de agosto de 2026.

Según su posición, declarar patrimonio cultural documentos que todavía forman parte de una deuda pendiente genera restricciones sobre su libre circulación. También cuestionó que algunos bonos hayan sido incautados y trasladados a depósitos.

Villa García recordó el caso del arbitraje internacional iniciado por Gramercy contra el Estado peruano. En ese proceso, el fondo estadounidense reclamó por la situación de los bonos de la reforma agraria.

¿Cuántas familias esperan una solución?

El abogado estimó que alrededor de 3,000 familias estarían involucradas en los reclamos relacionados con estos documentos.

El paso del tiempo también cambió la situación de los beneficiarios originales. Muchos de ellos fallecieron sin recibir una solución, mientras que sus herederos mantienen los reclamos vinculados con la deuda.

Villa García señaló que el Estado debería transparentar cuántos bonos permanecen pendientes y dónde se encuentran. Incluso mencionó que algunos documentos permanecen en bóvedas del Banco de la Nación y en antiguos juzgados vinculados con procesos de tierras.

¿Qué podría ocurrir tras el pedido al Tribunal Constitucional?

El abogado indicó que nuevamente recurrirán al Tribunal Constitucional para denunciar un posible incumplimiento de su decisión.

La controversia se centra en la necesidad de que el MEF emita una nueva fórmula para calcular el valor de los bonos. Villa García considera que el Gobierno todavía tiene la posibilidad de resolver el problema sin esperar otro proceso judicial.

El caso mantiene la atención debido a que involucra una deuda originada hace más de 50 años y a miles de familias que aún esperan una respuesta del Estado.

Para el abogado, la solución pasa por dos decisiones concretas: que el MEF establezca una nueva fórmula de valorización y que el Ministerio de Cultura revise la resolución que declaró patrimonio cultural a determinados bonos.

Una deuda que continúa pendiente

La discusión sobre los bonos de la reforma agraria se mantiene abierta pese al tiempo transcurrido. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional representa uno de los principales antecedentes para los bonistas que buscan una actualización de los montos.

Ahora, la atención se concentra en las decisiones que adopten el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Cultura frente a los pedidos formulados.

Villa García insiste en que el Estado debe encontrar una solución definitiva y cumplir con las decisiones del máximo intérprete de la Constitución. Mientras tanto, los reclamos de los bonistas y sus familias continúan después de más de medio siglo.