José Domingo Pérez y Rafael Vela continúan con protección de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que actualmente ninguno de los dos ejerce funciones fiscales de manera activa. Cada uno tendría cuatro efectivos asignados para su seguridad, según un informe de CARETAS.

El esquema de protección se mantiene debido a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de ambos exintegrantes del Equipo Especial Lava Jato y sus familiares.

¿Por qué José Domingo Pérez y Rafael Vela tienen seguridad policial?

De acuerdo con el informe citado, ambos cuentan con agentes de la División de Protección de Dignatarios de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP. El esquema contempla cuatro policías para cada uno, distribuidos mediante turnos para garantizar una protección permanente. La medida responde a las disposiciones emitidas por la CIDH debido a los riesgos que ambos fiscales denunciaron durante los años en que estuvieron a cargo de investigaciones de alto impacto.

José Domingo Pérez confirmó que continúa recibiendo protección policial y señaló que enfrenta amenazas. Rafael Vela también confirmó que su familia cuenta con agentes de seguridad distribuidos en turnos de 24 horas.

¿Cuál es la situación actual de José Domingo Pérez?

La situación de Pérez cambió en abril de 2026, cuando dejó el Ministerio Público luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera no ratificarlo como fiscal. El Ministerio Público formalizó posteriormente el término de su designación, con eficacia desde el 2 de abril de 2026. Pérez había alcanzado notoriedad nacional por su participación en las investigaciones del caso Lava Jato y en procesos relacionados con presuntos aportes irregulares a campañas políticas.

Su salida del Ministerio Público no significó que desaparecieran los procedimientos administrativos relacionados con su anterior desempeño. Algunos expedientes disciplinarios y denuncias continuaron su trámite ante los órganos correspondientes. Pese a ya no ejercer como fiscal, Pérez mantiene el esquema de seguridad otorgado en el marco de las medidas cautelares de la CIDH.

Rafael Vela continúa siendo fiscal, pero está suspendido

El caso de Rafael Vela es diferente. El fiscal superior mantiene la titularidad de una plaza dentro del Ministerio Público, aunque actualmente se encuentra suspendido y no ejerce funciones. En julio de 2026, la Fiscalía de la Nación dispuso su designación en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, como parte de cambios en estas unidades fiscales.

Sin embargo, Vela continúa suspendido por una sanción impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La medida tiene una duración de nueve meses y fue apelada por el propio fiscal.

¿Qué dijo la CIDH sobre la protección de ambos fiscales?

Las medidas cautelares relacionadas con José Domingo Pérez se originaron en una solicitud presentada en 2021 por organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Instituto de Defensa Legal (IDL), APRODEH y CEJIL. En julio de ese año, la CIDH otorgó medidas cautelares para Pérez, su esposa y su hijo, al considerar que enfrentaban una situación de gravedad y urgencia que podía poner en riesgo sus derechos a la vida e integridad personal.

Entre los argumentos presentados ante la Comisión figuraron amenazas y actos de hostigamiento relacionados con el trabajo de Pérez en las investigaciones del caso Lava Jato.

Dos años después, en noviembre de 2023, la CIDH amplió las medidas para incluir a Rafael Vela y a su familia. La decisión tomó en cuenta los riesgos denunciados por el fiscal debido a su participación en investigaciones contra organizaciones vinculadas con delitos de corrupción y lavado de activos.

La Comisión solicitó al Estado peruano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de ambos fiscales y permitir que puedan desarrollar sus funciones sin amenazas, hostigamientos o actos de violencia.

¿La protección continuará pese a sus actuales situaciones laborales?

Por el momento, la protección policial continúa debido al marco de las medidas cautelares internacionales. La permanencia del esquema genera debate porque Pérez ya no pertenece al Ministerio Público y Vela se encuentra suspendido de sus funciones.

El debate también alcanza al uso de recursos públicos para mantener estos dispositivos de seguridad. Mientras algunos consideran que las medidas deben mantenerse mientras persista la situación de riesgo, otros cuestionan que se otorgue protección policial a personas que actualmente no ejercen funciones públicas activas. Cualquier modificación del esquema deberá considerar las medidas cautelares vigentes y la evaluación de riesgo que realicen las autoridades competentes.