Maali del Pomar planteó incorporar el terrorismo económico como una nueva figura penal para enfrentar delitos como las extorsiones, los cobros de cupos y otras acciones violentas utilizadas por organizaciones criminales para obtener dinero. La propuesta busca que los países de la región andina evalúen una respuesta conjunta frente al avance del crimen organizado.

La vicepresidenta del Parlamento Andino presentó esta iniciativa luego de reunirse con el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, el pasado 1 de septiembre. Según explicó, el planteamiento será llevado al debate del Parlamento Andino durante la sesión plenaria programada para el próximo 14 de septiembre.

¿Qué busca combatir el “terrorismo económico”?

La propuesta de terrorismo económico apunta a sancionar con mayor precisión aquellas acciones criminales que utilizan la violencia y el miedo para conseguir beneficios económicos.

Entre los delitos que podrían quedar dentro de esta figura aparecen las extorsiones, los cobros de cupos y las amenazas contra personas o negocios. El objetivo consiste en diferenciar estas prácticas de otros delitos comunes cuando exista una estrategia sistemática para generar temor y conseguir dinero.

Del Pomar explicó que las organizaciones criminales recurren cada vez más a amenazas y actos violentos para controlar determinadas actividades económicas. Por ello, considera necesario revisar las herramientas legales que utilizan los Estados para enfrentar este tipo de situaciones.

La iniciativa también plantea una diferencia con el terrorismo político. Mientras este último busca alcanzar objetivos relacionados con el poder político, el llamado terrorismo económico tendría como principal finalidad conseguir ganancias mediante la violencia y el miedo.

¿Por qué se plantea una nueva figura penal?

Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que las organizaciones criminales han cambiado sus métodos. Ya no solo recurren a robos o enfrentamientos directos. También utilizan amenazas constantes para obligar a comerciantes, empresarios y ciudadanos a entregar dinero.

En ese escenario, la exparlamentaria andina considera que los Estados necesitan contar con herramientas legales que respondan a estas nuevas formas de criminalidad.

La propuesta también busca fortalecer la coordinación entre los países andinos. De esta manera, las autoridades podrían analizar medidas similares frente a organizaciones que operan bajo esquemas de extorsión y violencia.

¿Qué papel tendrían las Fuerzas Armadas?

Otro punto mencionado por Del Pomar está relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la lucha contra las organizaciones criminales.

La exfuncionaria sostuvo que una nueva clasificación legal podría establecer un marco más claro para determinar cómo actuar frente a grupos que utilizan la violencia con fines económicos. Sin embargo, cualquier participación militar dependería de las normas que finalmente aprueben los respectivos países.

Del Pomar también señaló que la Policía enfrenta una fuerte presión debido al crecimiento de distintas modalidades delictivas en la región. Por ello, considera necesario evaluar nuevas estrategias para reforzar la respuesta del Estado.

¿Qué pasará con la propuesta?

El planteamiento todavía no constituye una nueva ley. Primero deberá pasar por el debate y la evaluación de los representantes del Parlamento Andino.

La sesión plenaria prevista para el 14 de septiembre será un momento clave para conocer el respaldo que obtiene la iniciativa y sus posibles alcances.

El debate también podría abrir una discusión más amplia sobre las diferencias entre crimen común, crimen organizado y terrorismo. Además, permitirá analizar si delitos como la extorsión y el secuestro requieren nuevas herramientas legales cuando forman parte de estructuras criminales que buscan generar miedo para obtener ganancias.

De aprobarse el planteamiento en el ámbito correspondiente, cada país tendría que analizar cómo incorporar esta figura dentro de su propia legislación.

Por ahora, la propuesta de terrorismo económico pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por el crecimiento de las extorsiones y el uso de la violencia para obtener dinero. El próximo debate del Parlamento Andino permitirá conocer si esta iniciativa avanza y qué medidas podrían plantearse para enfrentar al crimen organizado en la región.