La Municipalidad Metropolitana de Lima contrató nueve veces al estudio estadounidense Boies Schiller Flexner (BSF) por un total de S/ 97,5 millones durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, una carta enviada por la exprocuradora municipal Evelin García Luna advirtió sobre presuntas deficiencias en la estrategia legal aplicada ante los tribunales de Nueva York, que terminó con un primer pronunciamiento desfavorable para la comuna limeña.

La contratación se realizó entre enero de 2024 y marzo de 2025, sin un proceso de licitación, según la investigación publicada por La República. El bufete fue contratado para representar a la municipalidad en litigios internacionales relacionados con las concesionarias de los peajes Rutas de Lima, vinculada a Brookfield, y Lima Expresa, vinculada a Vinci Highways.

Uno de los aspectos cuestionados fue la decisión de presentar a la Municipalidad de Lima como parte agraviada en un procedimiento judicial conocido como Discovery, que buscaba obtener información sobre la compra de acciones de Rutas de Lima a Odebrecht.

¿Por qué la exprocuradora cuestionó la estrategia legal?

El 6 de junio de 2025, Evelin García remitió una carta a Martín de Luca, representante del estudio BSF, en la que responsabilizó al bufete por el resultado desfavorable del procedimiento. Según la exprocuradora, sus observaciones sobre la estrategia de defensa no fueron atendidas, pese a las comunicaciones enviadas previamente.

“Pese a las reiteradas observaciones formuladas por la Procuraduría Municipal, llama poderosamente la atención de mi despacho que, habiéndose dejado constancia de los cuestionamientos, los abogados de BSF insistieran que la Municipalidad de Lima tenía la condición de agraviada, por lo que se nos recomendó continuar con la estrategia”, señaló García en la carta.

La exprocuradora también solicitó el reemplazo de los abogados principales del estudio, al considerar que su actuación había perjudicado los intereses de la municipalidad.

El juez estadounidense Lewis J. Liman rechazó la solicitud presentada por BSF al determinar que la Municipalidad de Lima no tenía legitimidad para promover ese procedimiento Discovery, según la información difundida por el medio.

¿Qué relación tenía López Aliaga con el representante del estudio?

La publicación señala que López Aliaga reconoció que su amistad con Martín de Luca fue una de las razones por las que prefirió contratar al bufete estadounidense.

Además, fuentes de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima citadas por La República afirmaron que existió presión para aceptar las recomendaciones del estudio y que la contratación se habría realizado por disposición del entonces alcalde.

Por su parte, la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, cuestionó los resultados obtenidos por el bufete.

“La carta (de Evelin García) confirma que la estrategia que el estudio BSF estaba empleando, y que había sido advertida por la exprocuradora, no iba a proceder y que perderían ante la justicia de Nueva York de los Estados Unidos. La Municipalidad ha perdido casi 100 millones de soles por una defensa ineficiente que no ha tenido más resultados importantes”, señaló Carrión.

¿Qué se sabe de la investigación por los contratos?

Los exprocuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra denunciaron a López Aliaga por presuntas irregularidades en la contratación del estudio BSF. En marzo de 2026, el fiscal anticorrupción Leonardo Yapias Córdova formalizó una investigación preliminar por posibles irregularidades en la contratación directa y por la falta de publicación de información en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), de acuerdo con la publicación.

La Municipalidad de Lima, por su parte, defendió la actuación del bufete y sostuvo que se realizaron acciones procesales para alcanzar los objetivos establecidos. También informó que en abril de 2026 se produjo una primera entrega de documentos que permitió identificar transferencias financieras realizadas en fechas coincidentes con hitos del contrato de concesión.

La comuna precisó que el último contrato con BSF concluyó en diciembre de 2025 y que el procedimiento Discovery quedó a cargo de la Procuraduría Ad Hoc. De esta manera, el caso continúa marcado por los cuestionamientos a la estrategia legal, el monto de los contratos y la investigación sobre las condiciones en que se seleccionó al estudio estadounidense.