La presidenta Keiko Fujimori pide facultades legislativas al Congreso para que el Ejecutivo pueda aplicar con mayor rapidez medidas contra la criminalidad organizada. Durante su visita a la región San Martín, la mandataria insistió en la necesidad de que el Parlamento evalúe y apruebe el pedido presentado por el Gobierno. Según explicó, estas herramientas permitirían reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones frente al delito.
La solicitud ocurre en medio de la preocupación por el aumento de hechos criminales en distintas partes del país. Para la jefa de Estado, el Gobierno necesita contar con nuevas herramientas legales para enfrentar esta situación y recuperar el orden.
¿Por qué Keiko Fujimori pide facultades legislativas?
Durante su visita a San Martín, Keiko Fujimori reiteró que el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo resulta necesario para avanzar con diferentes medidas de interés nacional.
La mandataria explicó que el paquete incluye acciones relacionadas con la seguridad, economía y otros sectores prioritarios. Sin embargo, destacó especialmente las propuestas vinculadas con la lucha contra las organizaciones criminales.
Fujimori señaló que el Estado necesita actuar con mayor rapidez ante los problemas que afectan a la población. Por ello, pidió al Congreso revisar la propuesta y tomar una decisión sobre las facultades solicitadas.
“Para enfrentar a la criminalidad organizada necesitamos esas facultades”, sostuvo la presidenta durante sus declaraciones.
¿Qué medidas plantea el Gobierno contra el crimen organizado?
Uno de los principales objetivos consiste en fortalecer a las instituciones encargadas de combatir la delincuencia. Entre ellas se encuentran la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
Keiko Fujimori también planteó mejorar la coordinación entre ambas instituciones. A su juicio, un trabajo conjunto permitiría responder de manera más efectiva frente a las organizaciones criminales.
Otro punto mencionado por la presidenta está relacionado con el servicio de Inteligencia. Fujimori consideró necesario recuperar su capacidad operativa para obtener información que ayude a prevenir y enfrentar delitos.
Además, sostuvo que el Ejecutivo busca impulsar medidas para determinar a determinadas organizaciones criminales como grupos terroristas. Esta propuesta forma parte del conjunto de cambios que el Gobierno pretende implementar mediante las facultades legislativas.
¿Qué otras reformas incluye el pedido de facultades?
El pedido del Ejecutivo no se limita únicamente a la seguridad ciudadana. La presidenta explicó que también contempla modificaciones en diferentes áreas relacionadas con la lucha contra el delito.
Entre ellas aparecen reformas en materia penal, procesal penal y penitenciaria. El Gobierno considera que estos cambios pueden contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar los delitos.
Asimismo, el paquete incluye propuestas en materia migratoria. Una de ellas plantea establecer mecanismos para agilizar la expulsión de inmigrantes indocumentados.
La presidenta consideró que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad y mejorar la respuesta del Estado.
¿Qué pidió Keiko Fujimori al Congreso?
Durante su visita a San Martín, la mandataria hizo un llamado directo a los congresistas para que analicen el pedido presentado por el Ejecutivo.
Fujimori sostuvo que el país necesita respuestas rápidas frente a la inseguridad y que las facultades permitirían avanzar con las medidas planteadas por su gestión.
El pedido cobra especial relevancia ante los recientes casos de violencia y criminalidad registrados en el país. La presidenta mencionó, entre otros hechos, el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.
Además de abordar la seguridad, durante su visita a San Martín la mandataria participó en actividades relacionadas con el sector agrario. En el distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja, encabezó la entrega de 8.000 títulos de propiedad rural.
Así, mientras el Ejecutivo busca avanzar con su agenda de seguridad, el Congreso tendrá que evaluar el pedido de facultades legislativas y definir si otorga al Gobierno las herramientas que considera necesarias para enfrentar la criminalidad organizada.