La senadora Katherine Ampuero denunció el alquiler de ecógrafos en Diris Lima Sur por un monto cercano a S/ 6 millones. Según la parlamentaria, la entidad contrató nueve equipos durante 24 meses, pese a que estos podrían haberse adquirido por un costo mucho menor. Ampuero presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

La denuncia señala a varios funcionarios y representantes vinculados con el proceso de contratación. Entre ellos figuran Sheyla Chumbile Andia, exdirectora de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur; Carlos Chavarría Mendoza, director ejecutivo; y otros integrantes del Comité de Selección.

También aparece Nathalie Ponce Ymbertis, representante común del consorcio Construyendo Salud y Bienestar S.A.C., empresa que obtuvo el contrato para brindar los equipos.

¿Cuánto pagó la Diris Lima Sur por los ecógrafos?

De acuerdo con la denuncia, la Diris Lima Sur destinó S/ 5’994,000 para alquilar nueve ecógrafos durante dos años.

Ampuero considera que esta decisión generó un posible perjuicio económico para el Estado. La parlamentaria sostiene que la institución pudo comprar los nueve equipos por aproximadamente S/ 2,5 millones.

La denuncia también presenta una comparación con otras adquisiciones realizadas por entidades públicas. Según Ampuero, el precio de mercado de los equipos utilizados como referencia permitiría cuestionar la conveniencia económica del alquiler.

Los ecógrafos están destinados a establecimientos de salud ubicados en Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Pachacámac. Estos equipos cumplen una función importante para la atención y diagnóstico de pacientes.

¿Por qué Katherine Ampuero cuestiona el contrato?

La senadora sostiene que la diferencia entre el costo del alquiler y el precio de compra requiere una investigación. Según su denuncia, los casi S/ 6 millones destinados al servicio pudieron permitir la adquisición de una mayor cantidad de equipos.

Ampuero tomó como referencia una compra realizada por la Diris Lima Centro el 21 de febrero de 2025. En esa ocasión, la entidad adquirió tres ecógrafos Doppler color 4D por aproximadamente S/ 835.235.

Ese monto representó un costo aproximado de S/ 278.411 por cada equipo, incluido el IGV.

Con esa referencia, la parlamentaria calcula que los casi S/ 6 millones destinados al alquiler en Lima Sur habrían permitido comprar alrededor de 21 ecógrafos. Además, esos equipos habrían quedado como parte del patrimonio del Estado.

¿Qué antecedentes tiene la empresa contratada?

Otro punto que Ampuero menciona en su denuncia corresponde a los antecedentes de Construyendo Salud y Bienestar S.A.C.

Según el documento presentado ante la Fiscalía, la empresa se registró ante la Sunat el 8 de mayo de 2024. En ese momento figuraba con el nombre de Helembert Construction Company S.A.C. y declaró como fecha de inicio de actividades el 16 de mayo del mismo año.

Posteriormente, el 17 de julio de 2025, Nathalie Ponce Ymbertis asumió como gerente general. La empresa también cambió su denominación social y registró como actividad principal las “actividades de hospitales”. Como segunda actividad declaró la construcción de edificios.

Ampuero sostiene que, después de estos cambios, la empresa comenzó a recibir órdenes de servicio de la Diris Lima Sur relacionadas con el alquiler de equipos y servicios médicos.

¿Qué montos recibió la empresa según la denuncia?

La denuncia detalla varias órdenes de servicio. Una de ellas alcanzó los S/ 40.000 en julio de 2025. Luego, en octubre del mismo año, la empresa recibió otra por S/ 31.700.

El 22 de octubre de 2025 obtuvo una nueva orden por S/ 499.500. Finalmente, en marzo de 2026, recibió otra por S/ 1’498.500.

Para Ampuero, el crecimiento de estos montos y la relación de la empresa con la Diris Lima Sur deben ser revisados por las autoridades.

¿Qué se investiga en este caso?

La denuncia presentada por Katherine Ampuero busca que la Fiscalía determine si existieron irregularidades durante la contratación de los nueve ecógrafos.

La parlamentaria acusa una posible colusión agravada, pero corresponde al Ministerio Público investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

Por ahora, las afirmaciones forman parte de una denuncia y deberán someterse a las investigaciones correspondientes. El caso pone nuevamente bajo atención el uso de recursos públicos destinados a los servicios de salud y la forma en que las entidades estatales contratan equipos médicos.