La bancada de Juntos por el Perú ha colocado en el centro del debate político la situación del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, luego del ataque ocurrido en Trujillo que dejó cuatro personas muertas y terminó con el secuestro del empresario minero Jenss Lara.

El excandidato presidencial y actual asesor de la bancada, Roberto Sánchez, anunció que el ministro será llamado al Congreso y cuestionó también al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Sin embargo, el partido enfrenta críticas por su posición frente a la minería informal. El cuestionamiento surge a partir de proyectos y decisiones legislativas promovidas por algunos de sus integrantes durante los últimos años.

¿Qué pide Juntos por el Perú tras la violencia en Trujillo?

Roberto Sánchez utilizó sus redes sociales para cuestionar la respuesta de las autoridades frente a la inseguridad. El lunes pasado, el dirigente aseguró que el titular del Ministerio de Defensa “será interpelado y censurado”. Además, pidió la salida del comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

Las declaraciones ocurrieron después del violento ataque registrado en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas y Jenss Lara fue secuestrado. El empresario posteriormente apareció con vida. La bancada de JPP también impulsa acciones de control político contra integrantes del Ejecutivo. Entre ellas figura la interpelación al ministro de Defensa.

¿Qué relación tiene JPP con la minería artesanal?

Los cuestionamientos contra Juntos por el Perú se relacionan con su posición frente a la minería artesanal y el proceso de formalización. Durante su periodo como congresista, Roberto Sánchez promovió iniciativas orientadas a “proteger y promover” la minería artesanal, según la información difundida por Perú21.

Una de las normas que logró avanzar amplió el plazo del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la aprobación de una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE). Los críticos de esta medida sostienen que el mecanismo puede beneficiar también a personas que desarrollan actividades de minería ilegal bajo la figura de minería artesanal o informal.

El debate resulta especialmente relevante en Pataz, provincia de La Libertad que enfrenta una fuerte presencia de organizaciones criminales vinculadas a actividades ilegales.

¿Qué ocurrió durante la campaña de Roberto Sánchez?

Otro punto señalado en el informe es la visita de Roberto Sánchez a la provincia de Pataz durante su campaña presidencial. Según la información difundida, Sánchez obtuvo el 65 % de los votos en la segunda vuelta en esta provincia y ganó en sus 13 distritos. Estos resultados son mencionados en medio del debate sobre la relación entre JPP y los sectores vinculados a la minería artesanal.

Sin embargo, el resultado electoral por sí solo no demuestra una relación entre el candidato y actividades ilegales. La controversia se centra principalmente en las propuestas y posiciones políticas adoptadas por representantes de la agrupación.

¿Qué cuestionamientos existen sobre la actuación del Cupaz?

Dentro de Juntos por el Perú también existen críticas hacia el Comando Unificado Pataz (Cupaz), grupo integrado por fuerzas policiales y militares que opera en la zona para enfrentar a las organizaciones criminales.

El diputado Marino Lavado Valdivia, integrante de la Comisión de Energía y Minas, cuestionó la actuación de las fuerzas del orden durante una entrevista con Canal N.

Lavado afirmó:

“Queremos que Pataz vuelva a ser una zona pacífica donde no haya el abuso de poder que tienen las Fuerzas Armadas, que no sean los actores que promueven la violencia (...). Hemos visto el abuso, cómo entran a las comunidades. La población está aterrorizada, tanto por las bandas criminales como por la presencia del Ejército”.

Lavado también presentó la moción de interpelación contra el ministro de Defensa.

¿JPP buscará ampliar el Reinfo?

Otro de los temas que genera debate es el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El analista de temas mineros Iván Arenas sostuvo que Juntos por el Perú podría buscar una ampliación indefinida del registro, aprovechando su presencia en la Comisión de Energía y Minas.

Arenas declaró a Perú21:

“Esperamos una agenda de Reinfo ampliado y permanente, una agenda donde pongan en cuestión la temporalidad de las concesiones”.

El especialista también señaló que la agrupación buscaría eliminar el estado de emergencia vigente en Pataz desde febrero de 2024, medida que permite la intervención del Cupaz.

Sobre este punto, Arenas afirmó:

“De fondo quieren eliminar al Cupaz, ellos los han denunciado (…) a ellos no les interesa la formalización”.

Estas declaraciones corresponden a la interpretación del analista sobre la posición de JPP y no constituyen por sí mismas una decisión oficial de toda la bancada.

¿Qué otros proyectos mineros impulsa JPP?

La posición de la agrupación no es completamente uniforme. La diputada Azucena Isla presentó un proyecto para prohibir las concesiones mineras en la cuenca del río Nana, ubicada en Maynas, Loreto. La iniciativa cuenta con el respaldo de los diputados Yenifer Paredes y Jesús Pérez. Además, Juntos por el Perú promovió acciones de control político contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

El debate sobre minería ilegal, formalización y seguridad continuará en el Congreso, especialmente por la situación de Pataz. Mientras JPP exige responsabilidades al Ejecutivo por la violencia registrada en Trujillo, sus propias posiciones sobre la minería artesanal y el Reinfo también generan cuestionamientos políticos.

La discusión enfrenta dos problemas que se encuentran directamente relacionados en algunas zonas del país: la necesidad de combatir a las organizaciones criminales y la urgencia de establecer reglas claras para los pequeños mineros que buscan ingresar a la formalidad.