La bancada de Juntos por el Perú busca derogar la ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa por hechos relacionados con la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La propuesta fue presentada por el diputado Héctor Guillén Valencia el 2 de septiembre de 2026.

El proyecto plantea dejar sin efecto la Ley 32419, norma que otorgó amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que afrontaban denuncias, investigaciones o procesos por hechos vinculados con sus acciones durante ese periodo. La iniciativa también busca establecer una prohibición permanente para aplicar mecanismos de gracia a personas investigadas o condenadas por delitos considerados especialmente graves.

¿Qué propone Juntos por el Perú con la derogación de la ley de amnistía?

El Proyecto de Ley 00118-2026-2031-CD plantea derogar completamente la Ley 32419. Además, propone incorporar una regla general para impedir que determinados delitos puedan recibir amnistías, indultos, derechos de gracia o conmutaciones de pena. Entre los delitos incluidos en la propuesta aparecen el genocidio, la desaparición forzada y la tortura. También se consideran los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra reconocidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El proyecto sostiene que estos hechos, cuando cumplen las características establecidas por el derecho internacional, deben continuar bajo investigación y no quedar sin sanción mediante medidas de gracia. La propuesta toma como base el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Este artículo establece, entre otras obligaciones, el deber del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

También cita la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que establece que los derechos fundamentales deben interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú.

¿Por qué cuestionan la Ley 32419?

La iniciativa de Héctor Guillén también recoge criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, entre ellos Barrios Altos y La Cantuta.

Según la propuesta, estos antecedentes respaldan la necesidad de investigar y sancionar hechos considerados graves violaciones contra los derechos humanos. El proyecto también menciona jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionada con la investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad.

Con estos argumentos, Juntos por el Perú plantea establecer de manera expresa dentro de la legislación peruana que determinados delitos no puedan quedar sin persecución penal mediante mecanismos de gracia.

¿Qué ocurre actualmente con la Ley 32419?

La Ley 32419 también enfrenta un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda contra la norma y el Tribunal Constitucional admitió el caso a trámite en octubre de 2025. Posteriormente, en marzo de 2026, el proceso quedó al voto luego de una audiencia pública. Esto significa que el Tribunal Constitucional debe emitir una decisión sobre los cuestionamientos planteados contra la ley. Mientras ese proceso continúa, el nuevo proyecto presentado por Juntos por el Perú busca que el Congreso derogue la norma de manera integral.

Proyecto también propone atender reparaciones a las víctimas

La iniciativa no se limita a cuestionar la amnistía. También incluye medidas relacionadas con las víctimas del conflicto armado interno. El proyecto plantea que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) priorice la actualización del Registro Único de Víctimas y atienda las reparaciones económicas y colectivas que todavía se encuentran pendientes.

La CMAN tiene entre sus funciones el seguimiento del Plan Integral de Reparaciones, establecido mediante la Ley 28592. De aprobarse la propuesta, la comisión tendría que presentar al Congreso un informe sobre el estado de las reparaciones en un plazo máximo de 180 días calendario desde la entrada en vigencia de la eventual norma.

¿Cuál es el objetivo del proyecto de Juntos por el Perú?

En su exposición de motivos, Héctor Guillén sostiene que la iniciativa busca proteger los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. El proyecto también pretende reducir el riesgo de que graves violaciones de derechos humanos queden impunes mediante mecanismos que impidan continuar con las investigaciones o ejecutar las penas correspondientes.

La propuesta deberá seguir ahora el procedimiento parlamentario antes de una eventual aprobación. El debate podría generar nuevas posiciones a favor y en contra, debido a que la Ley 32419 involucra a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990. Por el momento, la iniciativa representa una nueva discusión en el Congreso sobre los límites de las amnistías y la obligación del Estado de investigar graves violaciones de derechos humanos.