El defensor del Pueblo Josué Gutiérrez enfrenta cuestionamientos por presuntos contratos irregulares dentro de la Defensoría del Pueblo. La abogada y especialista en contrataciones con el Estado, Mónica Yaya, sostuvo que el Senado debería evaluar su destitución ante los hechos señalados en un informe de la Contraloría General de la República.

Los cuestionamientos surgieron luego de una investigación difundida por el programa ‘Cuarto Poder’. El informe de control mencionado en el reportaje revisó la contratación de cuatro mujeres que tuvieron reuniones con Gutiérrez y posteriormente obtuvieron órdenes de servicio o cargos dentro de la institución.

Yaya consideró que estos hechos podrían configurar un presunto aprovechamiento indebido del cargo. Sin embargo, corresponde a las autoridades competentes determinar si existió alguna irregularidad o responsabilidad penal.

¿Qué dijo Mónica Yaya sobre el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez?

La especialista cuestionó la permanencia de Gutiérrez al frente de la Defensoría del Pueblo y planteó que el Parlamento tome medidas frente a los hechos investigados. “Tenemos como defensor del Pueblo a otro viejo verde. Inmediatamente debe ser destituido por el Congreso, pero también deben eximirse de votar en el Parlamento aquellos congresistas que en estos momentos financien sus romances con puestos en sus despachos”, expresó.

La declaración se produjo después de conocerse detalles sobre cuatro casos incluidos en el informe de control de la Contraloría.

¿Qué encontró la Contraloría sobre las contrataciones?

Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano. Según la información difundida, ella acudió al despacho de Josué Gutiérrez el 12 de junio de 2024 y permaneció allí durante más de dos horas. Semanas después, Yalán obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP). Poco tiempo después consiguió su primera orden de servicio con la Defensoría del Pueblo.

Otro caso corresponde a Nicole Mingos Medrano. De acuerdo con la investigación, visitó el despacho de Gutiérrez en dos ocasiones el 30 de julio de 2024. Tres días después obtuvo su RNP. Posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio y finalmente ingresó al régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Estos hechos forman parte de los elementos revisados por la Contraloría y difundidos públicamente. Las circunstancias de cada contratación deberán evaluarse dentro de los procedimientos correspondientes.

¿Qué ocurrió con Betbiary Díaz Coral?

El informe también menciona a Betbiary Díaz Coral, quien fue designada por Gutiérrez como jefa del Programa del Derecho a la Salud el 25 de julio de 2024. Según la información atribuida a la Contraloría, la funcionaria no habría acreditado el requisito correspondiente al momento de asumir el cargo. Este punto forma parte de los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar determinados puestos dentro de la Defensoría.

¿Quién es la cuarta persona cuestionada?

El cuarto caso corresponde a Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente trabajó en la bancada parlamentaria de Josué Gutiérrez cuando él ejercía como congresista. Según el informe citado, Yahuana participó en la recopilación y consolidación de información relacionada con procesos de selección. Entre estos procedimientos se encontraba el concurso en el que ella misma participaba como postulante.

Finalmente, obtuvo el cargo de directora general de Administración Interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El puesto tenía una remuneración superior a S/14 mil mensuales.

¿Qué podría ocurrir con Josué Gutiérrez?

Los cuestionamientos plantean ahora un escenario político para el titular de la Defensoría del Pueblo. Mónica Yaya considera que el Senado debe evaluar su destitución y que las autoridades correspondientes deben determinar si existió responsabilidad penal.

Por ahora, los hechos señalados forman parte de cuestionamientos e investigaciones sobre las contrataciones realizadas en la institución. La determinación de responsabilidades dependerá de las investigaciones y procedimientos que correspondan.

El caso también vuelve a poner bajo atención los procesos de contratación en entidades públicas y el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a cargos y órdenes de servicio.