El Gobierno busca expulsar a extranjeros que cometan delitos mediante nuevas facultades legislativas que solicitará al Congreso. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, explicó que la propuesta pretende ampliar el plazo disponible para realizar estos procedimientos y crear centros de retención temporal para personas extranjeras en situación irregular que sean intervenidas por hechos delictivos.

La propuesta forma parte de las medidas que el Ejecutivo considera necesarias para reforzar la seguridad. Según explicó Belaúnde, actualmente las autoridades enfrentan un plazo muy corto para completar una expulsión.

¿Por qué el Gobierno quiere ampliar el plazo de expulsión?

En declaraciones a Exitosa, el ministro de Defensa sostuvo que las facultades legislativas resultan necesarias para modificar este procedimiento. “Sí necesitamos las facultades para expulsar (...) qué ocurre hoy en día, intervengo a un ciudadano extranjero indeseable, que no ha venido a trabajar sino a delinquir tengo 24 horas para expulsarlo. Evidentemente es un plazo insuficiente es por eso que no se puede expulsar”, enfatizó.

Belaúnde explicó que el Ejecutivo plantea ampliar ese periodo de 24 horas a una semana. Con este cambio, las autoridades tendrían más tiempo para completar los trámites correspondientes antes de ejecutar una expulsión.

El ministro también informó que el Gobierno trabaja en la creación de espacios destinados a mantener temporalmente a las personas involucradas en estos procedimientos.

“En paralelo estamos constituyendo centros de retención temporal para que cada ciudadano indocumentado que no ha venido a sumarle al Perú sino a delinquir o hacer problemas se le retiene ahí y se le expulsa”, manifestó Belaúnde Llosa.

¿Qué otras medidas prepara el Gobierno?

El titular de Defensa también habló sobre nuevas acciones para reforzar el control en los establecimientos penitenciarios. Aunque las facultades legislativas todavía no llegan al Pleno del Congreso, el Ejecutivo ya avanza algunas medidas mediante decretos supremos.

Una de ellas consiste en instalar nuevos sistemas de revisión para impedir el ingreso de objetos prohibidos a los penales. El Gobierno planea utilizar escáneres corporales similares a los que funcionan en aeropuertos de Estados Unidos.

“Estamos comprando escáneres corporales como hay en los aeropuertos de Estados Unidos que detectan no solo metales sino elemento acoplado al cuerpo. Estamos poniendo sistemas de escaneo para bultos”, detalló.

Estas medidas buscan fortalecer los controles antes del ingreso a los centros penitenciarios y detectar elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad.

¿Qué penales tendrán estos controles?

Rafael Belaúnde indicó que el nuevo sistema comenzará en cuatro establecimientos penitenciarios: Sarita Colonia, Ancón I, Lurigancho y Challapalca. El ministro señaló que las Fuerzas Armadas tendrán participación en estos controles. La Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército asumirán responsabilidades en distintos establecimientos.

“Vamos a comenzar con cuatro penales Sarita Colonia, Ancón I, Lurigancho y el penal de Challapalca. Dos van a estar a cargo de la Marina, uno a cargo de la Fuerza Aérea y otro del Ejército. No necesitamos las facultades para actuar ahí, pero por ejemplo sí necesitamos las facultades”, puntualizó.

La medida también alcanzará al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), según explicó el ministro.

Por ahora, el Ejecutivo espera que el Congreso evalúe las facultades solicitadas. De aprobarse la propuesta relacionada con la expulsión, el Gobierno podría contar con más tiempo para realizar los procedimientos y mantener temporalmente a las personas involucradas mientras se concreta su salida del país.