El Gobierno de Keiko Fujimori creó una comisión especial para evaluar las normas vinculadas a la lucha contra la criminalidad que fueron aprobadas por el anterior Congreso y que han sido cuestionadas por distintos sectores como las denominadas “leyes procrimen”.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS y contempla la posibilidad de plantear modificaciones o nuevos proyectos de ley cuando se detecten vacíos, inconsistencias o problemas que dificulten la aplicación de las normas.
Comisión tendrá 30 días para evaluar las normas
El grupo de trabajo estará presidido por el viceministro de Justicia y contará con la participación del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el director general de Asuntos Criminológicos.
La comisión tendrá un plazo de 30 días hábiles desde su instalación para desarrollar sus labores. Durante ese periodo deberá presentar reportes semanales y, al finalizar, entregar un informe con sus conclusiones al Ministerio de Justicia.
El documento podrá incluir propuestas legislativas y sus respectivas exposiciones de motivos, en caso de que los integrantes consideren necesario modificar o reemplazar determinadas disposiciones.
Gobierno busca corregir problemas en la lucha contra el crimen
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló que las normas serán revisadas bajo criterios técnicos y dentro del marco del Estado de Derecho.
“No existe ley perfecta. Las leyes aprobadas por el anterior Congreso serán revisadas técnicamente para asegurar que cumplan su finalidad: luchar contra el crimen en el marco del Estado de Derecho”, sostuvo el ministro.
La revisión ocurre en medio de la preocupación por el avance de delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, problemas que también han generado cuestionamientos sobre la efectividad de las herramientas legales actualmente disponibles para las autoridades.
Sectores políticos plantean derogar las “leyes procrimen”
La revisión de estas normas también responde a los pedidos de diferentes sectores políticos y organizaciones vinculadas al sistema de justicia. Juntos por el Perú presentó una iniciativa para derogar siete normas, mientras que Ahora Nación planteó dejar sin efecto diez dispositivos aprobados por el anterior Parlamento.
A diferencia de estas propuestas, el Ejecutivo ha optado inicialmente por una evaluación técnica integral, con la posibilidad de plantear cambios legislativos después de identificar las dificultades que presentan las normas.
La creación de esta comisión forma parte de uno de los compromisos planteados por Keiko Fujimori durante su campaña, cuando propuso revisar las normas relacionadas con la criminalidad con participación de instituciones del sistema de justicia y especialistas.
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