El Gobierno de Keiko Fujimori propone implementar una “libertad vigilada postpenitenciaria” para mantener bajo seguimiento y supervisión a personas condenadas por delitos graves que, después de cumplir su pena y salir de prisión, representen un riesgo de reincidencia. La iniciativa forma parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso para enfrentar la inseguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Según la propuesta atribuida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el objetivo sería establecer mecanismos de control sobre determinados exinternos considerados de alta peligrosidad, incluso después de que hayan recuperado su libertad.

La medida todavía es una propuesta y dependerá del desarrollo del pedido de delegación de facultades que se encuentra en discusión en el Congreso.

¿Cómo funcionaría la “libertad vigilada postpenitenciaria”?

El planteamiento contempla seguimiento y supervisión para aquellas personas que hayan cumplido condenas por delitos graves y sean consideradas con riesgo de volver a delinquir.

El Ejecutivo también propone crear un registro para condenados por delitos de alta peligrosidad. Según la información presentada, ambas iniciativas buscarían prevenir la reincidencia y evitar que personas que salieron de prisión continúen vinculadas con actividades delictivas.

Estas propuestas forman parte de un paquete de 14 medidas relacionadas con seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria.

¿Qué otras medidas plantea el Gobierno contra el crimen organizado?

El paquete también propone clasificar y registrar oficialmente a determinadas organizaciones criminales como “grupos hostiles”.

Bajo este planteamiento, las Fuerzas Armadas podrían intervenir en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en acciones destinadas a detener y desarticular a estas organizaciones, de acuerdo con los alcances que finalmente establezca el marco normativo correspondiente.

Otra medida apunta al rastreo, localización y geolocalización de líneas telefónicas utilizadas para cometer delitos. También se plantea dar de baja números y bloquear dispositivos móviles vinculados con actividades criminales.

La propuesta presta especial atención a las comunicaciones realizadas desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

Asimismo, el Ejecutivo plantea reforzar el control migratorio y la fiscalización sobre el uso civil de armas de fuego, municiones y productos pirotécnicos.

A ello se suma la propuesta de una intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios.

Gobierno solicita facultades legislativas por 120 días

Las iniciativas forman parte de un pedido más amplio mediante el cual el Ejecutivo solicita al Congreso autorización para legislar durante 120 días.

El planteamiento comprende ocho materias y 66 ítems relacionados con legislación penal, seguridad ciudadana, orden interno, migración, empleo, micro y pequeñas empresas, régimen tributario y modernización del Estado, entre otros temas.

Sin embargo, el pedido ha generado observaciones dentro del Congreso. Según la información proporcionada, la Comisión de Justicia aprobó el 10 de septiembre un informe que declaró no viable la delegación en las materias que se encontraban bajo su competencia.

El documento cuestionó la falta de precisión y delimitación de algunos planteamientos presentados por el Ejecutivo.

El 30 de septiembre, la Comisión de Constitución pasó a un cuarto intermedio mientras buscaba una fórmula de consenso sobre el alcance de las facultades solicitadas.

Durante el debate surgieron alternativas para reducir el número de materias que podrían ser delegadas al Ejecutivo.

Por ahora, la denominada “libertad vigilada postpenitenciaria” permanece como una propuesta dentro del paquete de medidas de seguridad. Su eventual aplicación dependerá de las facultades que finalmente otorgue el Congreso y del contenido de las normas que puedan aprobarse posteriormente.