La crítica de Gisela Ortiz al Gobierno de Keiko Fujimori volvió a marcar la agenda política luego de que la exministra de Cultura expresara duras críticas contra la actual gestión. Durante una actividad organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ortiz aseguró que el país enfrenta la consolidación de un supuesto proyecto autoritario. Además, afirmó que no reconoce a Keiko Fujimori como presidenta y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el rumbo político del país y la situación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

¿Por qué Gisela Ortiz critica el Gobierno de Keiko Fujimori?

Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar de las víctimas del caso La Cantuta, participó en una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Lima.

Durante su intervención, sostuvo que el actual Gobierno representa la continuidad de un proceso que, según su opinión, busca concentrar el poder en las instituciones del Estado. Por esa razón, afirmó que el país enfrenta la consolidación de un proyecto autoritario.

La exfuncionaria también manifestó que ella y otros familiares de víctimas no reconocen a Keiko Fujimori como presidenta y señalaron que continuarán expresando su rechazo mediante acciones públicas.

Ortiz asegura que los derechos humanos están en riesgo

En su discurso, Gisela Ortiz expresó preocupación por el futuro de derechos como la verdad, la justicia y la libertad de expresión.

Además, afirmó que las instituciones deben proteger a los ciudadanos y garantizar que las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos continúen sin interferencias.

Según explicó, las víctimas y sus familiares mantendrán su compromiso de exigir justicia y evitar que los casos del pasado queden en la impunidad.

¿Qué cuestionó sobre el papel del fujimorismo?

Ortiz sostuvo que el fujimorismo ha tenido una fuerte influencia política durante los últimos años. En ese contexto, señaló que desde el Congreso se aprobaron normas que, según su postura, afectaron los procesos relacionados con casos de derechos humanos.

También afirmó que no puede existir una democracia sólida si prevalecen el olvido y la impunidad frente a hechos ocurridos entre 1980 y el año 2000.

Estas declaraciones forman parte de la posición que mantiene desde hace varios años como familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta.

Víctimas de esterilizaciones forzadas vuelven a pedir justicia

Durante la misma actividad también participó Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Lampa relató que fue esterilizada cuando tenía 19 años y aseguró que, hasta la fecha, no ha recibido justicia. Además, pidió que el Estado reconozca los gastos que muchas familias realizaron para afrontar las consecuencias de esas intervenciones.

La representante afirmó que numerosas mujeres de comunidades rurales continúan esperando respuestas de las autoridades y reclamó que los procesos avancen con mayor rapidez.

En la conferencia también estuvieron presentes la activista Tania Pariona, familiares de personas desaparecidas durante el conflicto interno y representantes de víctimas de las protestas registradas en los últimos años. Todos coincidieron en solicitar que el Estado garantice el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las personas afectadas.