Las Fuerzas Armadas tomarán el control de las cárceles en sus zonas exteriores como parte de una nueva estrategia del Gobierno para frenar las actividades criminales que se coordinan desde los centros penitenciarios. El Ministerio de Defensa anunció que los militares asumirán funciones operativas en los accesos y perímetros de los penales, donde revisarán el ingreso de personas, incluido el personal del INPE. Además, utilizarán equipos para detectar metales y bloquear señales de celulares. La medida también contempla una nueva distribución de funciones entre los militares y la Policía Nacional.

¿Qué funciones asumirán las Fuerzas Armadas en los penales?

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, explicó que los militares tendrán una participación activa en la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Su principal tarea consistirá en controlar los exteriores y las entradas de los penales.

Esto significa que los efectivos podrán supervisar el ingreso de las personas que accedan a estos establecimientos. La revisión también alcanzará a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El objetivo consiste en impedir el ingreso de objetos prohibidos que puedan facilitar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

Para cumplir esta función, el Gobierno contempla el uso de equipos especializados. Entre ellos figuran dispositivos para escanear objetos y detectar metales.

El ministro aseguró que los militares no cumplirán una función únicamente de acompañamiento. Por el contrario, tendrán responsabilidades concretas dentro del nuevo esquema de seguridad.

¿Cómo bloquearán las comunicaciones ilegales?

Uno de los principales objetivos del plan apunta a cortar las comunicaciones que utilizan los internos para coordinar actividades delictivas.

Para ello, las Fuerzas Armadas contarán con sistemas destinados a bloquear las señales de telefonía móvil dentro de los establecimientos penitenciarios. El Gobierno también busca garantizar que estos equipos funcionen de manera permanente.

La estrategia incluye, además, el control de los sistemas contra drones. Las autoridades consideran necesario impedir que estos dispositivos ingresen o sobrevuelen los penales para transportar objetos prohibidos.

Belaunde Llosa señaló que su sector busca adquirir tecnología adecuada para desarrollar estas tareas. En ese proceso, el Ministerio de Defensa solicitó asistencia técnica a representantes de Estados Unidos en el Perú.

¿Qué harán los militares y qué función tendrá la Policía?

El Gobierno plantea una división de responsabilidades entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Los militares tendrán a su cargo la vigilancia de los perímetros y accesos de los centros penitenciarios. En cambio, la Policía continuará encargándose de las inspecciones profundas dentro de los establecimientos.

Esta diferencia busca evitar que ambas instituciones realicen las mismas tareas. También pretende establecer con claridad qué responsabilidad tendrá cada grupo durante las intervenciones.

El ministro de Defensa remarcó que los militares tendrán un papel operativo y no se limitarán a acompañar a los agentes policiales.

“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol decorativo”, sostuvo Belaunde Llosa al explicar la nueva estrategia.

¿El Gobierno cambiará las reglas para permitir la intervención militar?

Las nuevas medidas también requerirán cambios legales. El Ejecutivo planea incluir estas propuestas dentro del pedido de facultades legislativas que presentará ante el Congreso.

La intención consiste en adecuar las normas para facilitar la participación de las Fuerzas Armadas frente a determinadas situaciones vinculadas con la delincuencia.

El Gobierno también evalúa otorgar nuevas herramientas a los militares para intervenir en casos relacionados con extranjeros que se encuentren en situación irregular y que tengan vínculos con actividades ilícitas.

Sin embargo, estas propuestas todavía deberán pasar por el Congreso. Los parlamentarios tendrán que evaluar el alcance de las facultades solicitadas antes de autorizar al Ejecutivo a legislar sobre estas materias.

¿Qué busca conseguir el Gobierno con este plan?

La estrategia apunta a reforzar el control de los penales y evitar que las organizaciones criminales continúen utilizando las cárceles como centros para coordinar delitos.

Con el despliegue militar, el Ejecutivo busca fortalecer la vigilancia en los puntos de acceso y reducir el ingreso de objetos prohibidos. También pretende limitar el uso de celulares y drones para impedir comunicaciones o acciones ilegales.

La implementación del plan dependerá ahora del equipamiento, la coordinación entre las instituciones y las decisiones que adopte el Congreso sobre las reformas legales propuestas.