La investigación a jueces que encarcelaron a Humala podría avanzar luego de que la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima enviara un informe al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. El documento solicita autorización para iniciar una investigación preparatoria contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa por el presunto delito de abuso de autoridad. Los jueces ordenaron la detención inmediata del expresidente Ollanta Humala el 15 de abril de 2025, cuando todavía no habían redactado la sentencia escrita.

¿Por qué la Fiscalía busca investigar a los jueces?

La Fiscalía analiza la actuación de los tres magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Ellos emitieron en audiencia el fallo que condenó a Humala a 15 años de prisión por lavado de activos agravado.

Ese mismo 15 de abril, los jueces ordenaron ejecutar de manera provisional la condena y dispusieron el traslado inmediato del exmandatario al penal de Barbadillo.

El principal cuestionamiento se relaciona con el momento en que adoptaron esta decisión. La sentencia escrita todavía no existía cuando ordenaron la prisión. El documento recién quedó firmado el 2 de mayo de 2025, es decir, 17 días después.

La Fiscalía considera que existen elementos para continuar con las diligencias por presunto abuso de autoridad. Sin embargo, descartó otras tres imputaciones contra los magistrados: omisión de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

¿Qué ocurrió el día que Ollanta Humala fue detenido?

El 15 de abril de 2025, Nayko Coronado dirigió una audiencia presencial en la que explicó las razones de la condena contra Humala. Durante esa misma sesión, el tribunal dispuso la ejecución provisional de la pena.

La medida también alcanzó a Mario Torres, quien recibió una condena de ocho años de prisión como cómplice y fue trasladado al penal de Ancón II.

El problema surgió porque ambos fueron enviados a prisión tomando como referencia el fallo anunciado de manera oral. En ese momento, la resolución escrita aún no estaba lista.

La lectura completa de la sentencia estaba programada para el 29 de abril. Sin embargo, el expediente señala que para esa fecha el documento todavía no había sido firmado. Finalmente, los magistrados completaron la firma el 2 de mayo y notificaron la resolución a las partes esa misma noche.

¿Cómo justificaron los jueces el retraso de la sentencia?

Los magistrados explicaron que enfrentaron dificultades técnicas para cargar y completar el documento en el Sistema Integrado de Justicia del Poder Judicial.

Según sus descargos, el equipo había cargado la sentencia al sistema el 21 de abril. Después aparecieron problemas relacionados con la numeración de páginas, la ubicación de elementos y espacios en blanco. Estas fallas obligaron a realizar correcciones antes de completar la versión final.

También influyó la situación de la jueza Juana Caballero. En esos días, la magistrada se encontraba trabajando en un juzgado de Huaura y no tenía acceso a la firma física ni digital necesaria para completar el trámite.

A esto se sumó el feriado del 1 de mayo. El personal técnico no estuvo disponible durante esa fecha. Al día siguiente, pese a tratarse de una jornada no laborable para el sector público, se permitió el ingreso del personal para completar la firma de la resolución.

Por su parte, Max Vengoa sostuvo ante la Fiscalía que la legislación permite diferir la redacción de una sentencia hasta ocho días después del adelanto del fallo en casos complejos. El magistrado reconoció que el plazo se extendió más de lo previsto, pero afirmó que esto no invalida la decisión comunicada oralmente.

¿Qué decisión debe tomar ahora Tomás Gálvez?

La Fiscalía Superior remitió el informe al fiscal de la Nación porque la ley exige su autorización para formalizar una investigación preparatoria contra magistrados en este tipo de casos.

Por ahora, la acusación que continúa en evaluación corresponde al presunto delito de abuso de autoridad. La Fiscalía archivó las demás imputaciones por considerar que no encontró elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a los jueces.

El pedido fiscal ocurre después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala. Esta decisión anuló el proceso penal relacionado con los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

¿Humala podría recibir una indemnización?

El abogado Edinson Huamán, representante judicial de Ollanta Humala, señaló que la defensa también evalúa una posible indemnización económica para el expresidente y otros afectados.

Según explicó, este pedido corresponde a un proceso civil distinto al caso penal contra los jueces. La eventual demanda se dirigiría contra el Estado y los magistrados involucrados.

De esta manera, el caso abre dos caminos distintos: por un lado, la posible investigación penal contra los jueces y, por otro, un eventual reclamo económico por los efectos que tuvo el proceso contra Humala.

La decisión de Tomás Gálvez será clave para conocer si la Fiscalía podrá avanzar con la investigación preparatoria por presunto abuso de autoridad contra los tres magistrados.