La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Juan José Santiváñez por el presunto delito de colusión. El Ministerio Público sostiene que el exministro del Interior habría utilizado su posición para favorecer la contratación de su amigo Anatoly Bedriñana en diferentes puestos del Ministerio del Interior durante 2024.

La fiscal anticorrupción Diana Paico presentó el requerimiento contra el exfuncionario. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También plantea la pérdida de grados militares o policiales, títulos honoríficos y otras distinciones.

La acusación fiscal describe una serie de gestiones que, según la investigación, permitieron que Bedriñana ingresara y permaneciera en distintos cargos dentro del sector Interior.

¿Qué señala la Fiscalía sobre Juan José Santiváñez?

Según la investigación, los hechos comenzaron el 16 de abril de 2024. Ese día, Bedriñana acudió al despacho de Santiváñez, quien en ese momento encabezaba el Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior.

El exministro se encontraba además próximo a asumir el cargo de viceministro de Orden Interno. La Fiscalía sostiene que durante ese encuentro ambos acordaron la incorporación de Bedriñana como consultor FAG del Viceministerio de Seguridad Pública.

El puesto se encontraba disponible en ese momento. Después de la reunión, Bedriñana completó los documentos correspondientes a su hoja de vida. Según la tesis fiscal, Santiváñez habría entregado o enviado el currículum de su amigo al entonces viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz.

Ese mismo día, Díaz solicitó la contratación mediante un memorando dirigido a la Secretaría General. Al día siguiente, las áreas encargadas elaboraron y revisaron los términos de referencia necesarios para continuar con el proceso.

Para el Ministerio Público, estas acciones demostrarían una intervención del exministro para facilitar el ingreso de Bedriñana a la administración pública.

Santiváñez habría impulsado nuevas contrataciones

La acusación fiscal también apunta a las siguientes etapas de la relación laboral de Bedriñana con el Ministerio del Interior. Cuando Santiváñez asumió el Viceministerio de Orden Interno, habría promovido una nueva contratación de Bedriñana como asesor FAG de esa dependencia.

Luego, el 16 de mayo de 2024, Santiváñez asumió como ministro del Interior. De acuerdo con la investigación, desde esa posición habría impulsado otra contratación para que Bedriñana prestara servicios directamente en el despacho ministerial.

Esta última relación laboral se habría extendido hasta diciembre de ese mismo año. La Fiscalía considera que Santiváñez tuvo un papel central en las gestiones que permitieron que su allegado ocupara diferentes posiciones dentro del sector.

¿Qué penas solicita la Fiscalía para los otros investigados?

El requerimiento fiscal también incluye a Anatoly Bedriñana y Julio Díaz. Para Bedriñana, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y 15 años de inhabilitación. En el caso de Julio Díaz, plantea cuatro años de cárcel y 10 años de inhabilitación. La Fiscalía considera que ambos participaron en los hechos que forman parte de la investigación.

El pedido de penas deberá continuar su trámite dentro del proceso judicial. La etapa intermedia permitirá que las partes presenten sus argumentos antes de que se determine si la acusación avanza hacia un eventual juicio.

¿Qué respondió Juan José Santiváñez?

Santiváñez rechazó las acusaciones formuladas por el Ministerio Público. El exministro cuestionó la investigación y afirmó que el expediente contiene “una serie de errores y una serie de deficiencias”.

Además, aseguró que presentará sus argumentos durante la etapa intermedia del proceso. “No hay ninguna prueba objetiva, es una presunción a la que llega la fiscalía”, manifestó. Aunque reconoció que mantiene una amistad con Bedriñana, Santiváñez negó haber intervenido en su contratación.

El caso continúa ahora en el ámbito judicial. La Fiscalía busca demostrar que el exministro utilizó su cargo para favorecer a su allegado, mientras que la defensa sostiene que no existen pruebas objetivas que acrediten esa intervención.