El fiscal William Rabanal cuestionó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley la empresa que contrataría al expresentador de televisión Andrés Hurtado si obtiene su libertad, al señalar que tiene solo dos trabajadores registrados y que su actividad principal es la construcción de edificios. Los argumentos fueron expuestos durante la audiencia en la que se evaluó el pedido para cesar la prisión preventiva del investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho en el caso Barras de Oro.

¿Por qué la Fiscalía cuestiona a la empresa que contrataría a Andrés Hurtado?

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público puso en duda la propuesta laboral presentada por la defensa de Hurtado, quien permanece recluido en el penal de Lurigancho. Según lo expuesto por el fiscal, la empresa ofrecería al exconductor labores vinculadas con la producción, el marketing y la publicidad de espectáculos.

Sin embargo, Rabanal advirtió que la compañía registra únicamente dos trabajadores ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), además de tener como actividad principal la construcción de edificios.

El fiscal también cuestionó los antecedentes de su propietario, Juan Ricardo Flores Chipoco, a quien atribuyó denuncias registradas desde 2006 por presuntos delitos como falsedad genérica, asociación ilícita y corrupción de la función jurisdiccional.

“Llegamos, señor juez, hasta el 2026. (Está) acusado por hurto agravado y corrupción de funcionarios. Esa es la persona que ha firmado este documento y que le va a otorgar trabajo al señor Hurtado”, sostuvo Rabanal durante la audiencia.

Estas observaciones fueron parte de los argumentos presentados por la Fiscalía para oponerse al pedido de excarcelación. Las denuncias y acusaciones mencionadas contra el propietario no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

¿Por qué la Fiscalía advierte un posible riesgo de obstaculización?

Otro de los argumentos del Ministerio Público estuvo relacionado con la posibilidad de que Hurtado interfiera en el desarrollo del proceso judicial si recupera su libertad.

El fiscal William Rabanal señaló que existen testigos que deberán presentarse en un eventual juicio y que algunos de ellos conocen al expresentador. Por ese motivo, sostuvo que podría existir un riesgo de obstaculización de la investigación.

“Hay testigos que van a concurrir a (un eventual) juicio y, por lo tanto, existe el potencial peligro de obstaculización, porque los testigos son conocidos”, afirmó el representante fiscal.

La evaluación de este riesgo forma parte de los elementos que el juez debe considerar al resolver si corresponde mantener o variar la medida de prisión preventiva. La decisión depende de la valoración judicial de los argumentos de ambas partes.

¿Qué respondió Andrés Hurtado durante la audiencia?

Por su parte, Andrés Hurtado cuestionó la actuación del Ministerio Público y recordó una controversia relacionada con su situación cuando se encontraba en una clínica.

“El primer circo que construyó la Fiscalía fue que mientras yo estaba en la clínica ya me habían dado por fugado”, manifestó el expresentador de televisión.

Su declaración se produjo durante la audiencia en la que su defensa y el fiscal expusieron sus posiciones ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.

Al cierre de la audiencia descrita en la información original, el magistrado aún no había comunicado una decisión sobre el pedido para cesar la prisión preventiva de Hurtado.

¿De qué trata el caso Barras de Oro?

La investigación contra Andrés Hurtado se hizo pública en 2024, cuando fue señalado por presuntamente interceder a favor del empresario Javier Miu Lei para recuperar unas barras de oro incautadas por la Fiscalía.

Según la hipótesis fiscal, esa intervención habría estado vinculada con el pago de una presunta coima a la entonces fiscal Elizabeth Peralta, quien también fue detenida en el marco de las investigaciones.

Hurtado afronta procesos penales relacionados con estos hechos y, de acuerdo con la información difundida por el medio de origen, enfrenta un pedido de 30 años de prisión efectiva. Esta solicitud no equivale a una condena.

El juez Juan Carlos Checkley deberá evaluar los argumentos presentados por la defensa y el Ministerio Público antes de resolver si el expresentador continúa bajo prisión preventiva o si corresponde modificar esa medida.