El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez anuncia reforma del INPE ante el avance de la criminalidad en el país. El titular del sector planteó construir al menos un mega penal y separar de manera efectiva a los internos considerados de mayor peligrosidad de aquellos que cumplen condenas por delitos menos violentos.

Álvarez cuestionó la forma en que actualmente se distribuye a los internos en varios establecimientos penitenciarios. Según explicó, la mezcla de personas condenadas por distintos tipos de delitos puede facilitar que quienes ingresan por infracciones menores terminen vinculados con organizaciones criminales.

El ministro sostuvo que algunos penales pueden convertirse en espacios donde los internos aprenden nuevas formas de delinquir. Por ello, consideró necesario cambiar el sistema de clasificación y reforzar el control penitenciario.

¿Qué reforma plantea Ernesto Álvarez para el INPE?

El ministro explicó que su propuesta tiene dos puntos principales: construir un nuevo establecimiento penitenciario de gran capacidad y establecer una separación real entre los internos según su nivel de peligrosidad. “Hay dos. La construcción, por lo menos, de un mega penal y lo otro es la separación efectiva de los presos de mayor peligrosidad, de aquellos que vienen por delitos de sangre, pero efectuados de manera sistemática, con internos que en realidad han cometido delitos que no son violentos, o que, habiendo cometido, por ejemplo, robo, que sí tienen un nivel de violencia, no han atentado directamente contra la vida humana, es decir que no son de alta peligrosidad.”

Álvarez señaló que algunos centros penitenciarios mantienen juntos a internos con perfiles criminales muy diferentes. Aunque existen ambientes diferenciados en determinados penales, consideró que la separación no siempre funciona de manera efectiva.

“Considero que lamentablemente, hay muchos penales donde están mezclados. Si bien es cierto, hay ambientes diferenciados en algunos casos, esta diferenciación no se logra todo el tiempo. Entonces, de ahí viene que muchos de los penales sean escuelas del delito, porque muchas veces los que ingresan, por hurto, terminan siendo asesinos o integrantes de bandas criminales.”

¿Por qué el Gobierno quiere construir un mega penal?

La propuesta busca concentrar a internos de alta peligrosidad bajo condiciones de seguridad más estrictas. El objetivo también apunta a evitar que personas condenadas por delitos menos graves tengan contacto permanente con integrantes de organizaciones criminales. Álvarez considera que esta separación puede ayudar a reducir la influencia de las bandas dentro de los establecimientos penitenciarios.

La reforma forma parte de las medidas que el Gobierno busca impulsar para enfrentar el aumento de la delincuencia. Para ello, el ministro señaló que una de las prioridades consiste en obtener facultades legislativas que permitan aprobar medidas relacionadas con seguridad y otros problemas nacionales.

¿Qué dijo Álvarez sobre las facultades legislativas?

El titular de Justicia sostuvo que el Gobierno necesita contar con herramientas para responder a la situación de inseguridad y también prepararse ante un posible fenómeno de El Niño. “Lo prioritario en este momento es obtener las facultades para poder enfrentar no solamente a la ola criminal que cada día es mayor, sino también al fenómeno de El Niño, que hasta ayer las organizaciones internacionales auguraban que iba a ser sumamente fuerte.”

El ministro añadió que, debido al poco tiempo disponible, el Estado debe concentrarse en utilizar y fortalecer las herramientas que ya tiene. “Por tanto, ante la falta de tiempo, lo único que cabe es la preparación, con lo que ya el Estado tiene. Estos dos temas fundamentales son la prioridad para el gobierno, y de lejos.”

¿Qué cambios plantea el Gobierno para enfrentar el crimen?

La reforma penitenciaria forma parte de una propuesta más amplia para mejorar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Álvarez también se refirió a las diferencias entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según explicó, ambas instituciones todavía no logran una posición común sobre las herramientas que deben fortalecerse para combatir los delitos. El Poder Judicial busca impulsar el subsistema de flagrancia, mientras que el Ministerio Público plantea reforzar las investigaciones relacionadas con bandas criminales, extorsión y sicariato.

El Gobierno también trabaja junto con la Policía Nacional para establecer un protocolo unificado que permita mejorar las investigaciones durante las primeras etapas de un caso. Álvarez remarcó, además, que tanto fiscales como jueces deben actuar con independencia de intereses políticos y económicos. A su criterio, el sistema de justicia debe aplicar la ley de manera imparcial.

El ministro también mencionó la necesidad de evaluar la continuidad del REINFO o, en su defecto, analizar la creación de otro mecanismo que permita enfrentar actividades vinculadas con la criminalidad.

Gobierno declara emergencia en cinco penales

En paralelo a los anuncios de reforma, el Gobierno oficializó el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, mediante el cual declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios. La medida alcanza al penal de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

La decisión ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad dentro y fuera de los penales. Las autoridades buscan reforzar el control de los establecimientos y enfrentar las actividades delictivas que pueden continuar desde el interior de estos centros.

Con estas medidas, el Gobierno plantea cambios en el sistema penitenciario y una mayor separación de los internos según su nivel de peligrosidad. La reforma del INPE todavía requiere definir detalles sobre su ejecución, financiamiento y los plazos para concretar la construcción del nuevo penal.

Mientras tanto, el debate sobre la situación de las cárceles vuelve a ocupar un lugar central dentro de las medidas que el Ejecutivo considera necesarias para combatir la criminalidad en el país.