El abogado Javier Adrianzen Carreño presentó una denuncia penal contra Keiko Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Alejandro Muñante y Ricardo Montero por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, en relación con la publicación de la Ley 32743. El denunciante pidió a la Fiscalía de la Nación que investigue el caso y solicitó que se gestione la detención en flagrancia de los funcionarios señalados.

La denuncia cuestiona que la norma, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano el 22 de octubre de 2026, no habría incluido las firmas de Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, ni de Analí Márquez, primera vicepresidenta de dicha cámara.

¿Quiénes fueron incluidos en la denuncia penal?

La denuncia alcanza a cinco personas. Entre ellas figura Keiko Fujimori, además de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Miguel Torres, titular del Senado; y Alejandro Muñante, primer vicepresidente de esa cámara. El documento también señala a Ricardo Montero, gerente de Publicaciones Oficiales del diario El Peruano, como presunto cómplice primario por la publicación de la norma.

Las acusaciones fueron formuladas por Adrianzen Carreño y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes. La presentación de una denuncia no demuestra, por sí sola, que los señalados hayan cometido un delito.

¿Por qué cuestionan la publicación de la Ley 32743?

El caso gira en torno a la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días calendario en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la respuesta frente al Fenómeno El Niño.

Según el abogado denunciante, la publicación de la norma sin las firmas de los representantes mencionados de la Cámara de Diputados constituiría una irregularidad que debe ser investigada.

Como antecedente, Adrianzen citó cinco leyes del último Congreso bicameral, antes de su disolución en 1992, que incluían las firmas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como las de un senador y un diputado que ejercían como primeros secretarios.

Además, el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes y el abogado Natale Amprimo cuestionaron, en declaraciones a RPP, la fórmula utilizada en la autógrafa de la Ley 32743. Ambos consideraron que la aprobación de una ley corresponde al Congreso en su conjunto.

¿Qué medidas solicitó el denunciante?

Adrianzen pidió a la Fiscalía de la Nación que inicie las investigaciones correspondientes y que, tras comunicarse con el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), se disponga la detención en flagrancia de los funcionarios denunciados.

También solicitó que se reciban las declaraciones de los cinco denunciados y de Óscar Reto y Analí Márquez, a quienes identifica como agraviados. Asimismo, pidió al Congreso copias certificadas de los antecedentes relacionados con la aprobación y publicación de la ley.

El abogado planteó que el procedimiento avance hacia una eventual acusación penal y una posible condena que contemple reparación civil e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por ahora, la denuncia expone los cuestionamientos del abogado sobre la publicación de la Ley 32743. Corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para iniciar o continuar las acciones legales y establecer eventuales responsabilidades.