El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el jueves 29 de octubre el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala, investigados por presuntas irregularidades en los ascensos de la Policía Nacional del Perú (PNP). El documento recomienda acusar a ambos por presuntos delitos vinculados a la supuesta venta de ascensos y al favorecimiento indebido de terceros.

La decisión fue adoptada por la Junta de Portavoces durante su reunión del martes 20 de octubre de 2026. Según la programación, el debate del informe acusatorio durará una hora, que se distribuirá proporcionalmente entre los grupos parlamentarios.

¿De qué acusa la denuncia constitucional a Castillo y Ayala?

La denuncia constitucional fue presentada por la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, por presuntos delitos relacionados con la supuesta manipulación de los ascensos dentro de la Policía Nacional.

Entre los delitos señalados en el documento figuran abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

En el caso de Walter Ayala, el informe recomienda acusarlo por presunto patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. Según el documento, existirían elementos de convicción que apuntarían al uso de su cargo para favorecer ascensos y beneficiar indebidamente a determinadas personas.

Asimismo, el informe plantea que Ayala habría actuado como intermediario para gestionar intereses ilícitos relacionados con Pedro Castillo y terceros. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos contenidos en la denuncia y deberán evaluarse dentro del procedimiento correspondiente.

¿Qué medidas propone el informe final?

Además de recomendar la acusación constitucional, el documento plantea el levantamiento del fuero de los denunciados para que el Ministerio Público pueda proceder conforme a sus atribuciones respecto de los presuntos delitos funcionales identificados.

El debate parlamentario será un paso importante para determinar el curso de la denuncia en el Congreso. Sin embargo, las acusaciones no constituyen por sí mismas una declaración definitiva de responsabilidad penal contra los involucrados.

La sesión del jueves 29 de octubre permitirá que las distintas bancadas expongan sus posiciones sobre el informe, dentro del tiempo establecido por la Junta de Portavoces.

¿Qué ocurre con el pedido de libertad de Pedro Castillo?

En paralelo a este procedimiento parlamentario, el expresidente mantiene una controversia judicial relacionada con su detención y condena por el caso “golpe de Estado”. El 10 de septiembre, el Poder Judicial dejó al voto el recurso de apelación presentado contra la resolución que declaró improcedente el hábeas corpus promovido para buscar su excarcelación.

El pedido había sido rechazado el 15 de agosto por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima. Según la resolución reseñada por Exitosa Noticias, el juzgado consideró que las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas no tienen carácter vinculante para el Estado peruano ni modifican directamente las decisiones judiciales nacionales.

Durante la audiencia, Castillo volvió a cuestionar la forma en que fue detenido el 7 de diciembre de 2022 y rechazó los argumentos relacionados con una supuesta intención de abandonar el país.

“Mi detención el pasado 7 de diciembre fue arbitraria. Más que arbitraria, yo diría que fue abusiva, porque no respetaron incluso la presencia de mi menor hija, con metralleta en mano (...) He sido detenido como presidente de la república en funciones. Se dice que mi detención fue en flagrancia y que yo estaba saliendo del país, cuando es totalmente falso, se lo he demostrado en un juicio”, señaló.

¿Cuál es la condena que enfrenta el exmandatario?

En noviembre de 2025, Pedro Castillo fue condenado a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, de acuerdo con la información difundida por Exitosa Noticias. Desde entonces, su defensa ha presentado recursos judiciales para intentar revertir las decisiones que mantienen al exmandatario privado de su libertad.

Así, el debate de la denuncia constitucional por los presuntos ascensos irregulares en la PNP se suma a los procedimientos judiciales y políticos que involucran al expresidente. La sesión parlamentaria del 29 de octubre será clave para conocer la posición del Pleno sobre el informe contra Castillo y Ayala.