El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afronta una denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez luego de sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. El funcionario aseguró que está dispuesto a acudir al Parlamento para explicar sus palabras y dejó abierta la posibilidad de ofrecer disculpas si considera que corresponde.
La acusación fue presentada por la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, quien solicitó la destitución de Gutiérrez y una inhabilitación de hasta 10 años para ejercer cargos públicos. El documento ingresó ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados el 2 de septiembre. Gutiérrez respondió al cuestionamiento durante una entrevista con Radioprogramas. Allí manifestó que no tiene inconvenientes en presentarse ante los legisladores si el procedimiento continúa.
El titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo que utilizará esa instancia para explicar el sentido de sus declaraciones y responder a los cuestionamientos planteados por la parlamentaria. “Si tengo que pedirle disculpas, lo voy a pedir, y las he pedido y he hecho llegar, como repito, las excusas correspondientes. Nunca he promovido ni promoveré un Estado que atente contra el quiebre de su orden constitucional”, sostuvo Gutiérrez.
¿Por qué Josué Gutiérrez enfrenta una denuncia constitucional?
La denuncia atribuye al Defensor del Pueblo presuntas infracciones de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política. Según el documento presentado por Márquez, las declaraciones de Gutiérrez afectarían principios relacionados con la separación de poderes, el orden constitucional y el Estado democrático de derecho.
La parlamentaria cuestionó especialmente que el funcionario planteara un escenario relacionado con una eventual disolución del Congreso. A su juicio, Gutiérrez no habría considerado adecuadamente los límites establecidos por la Constitución. La acusación también cuestiona que el Defensor del Pueblo haya relacionado un eventual cierre del Parlamento con el respaldo ciudadano y con resultados de encuestas.
El expediente ya llegó a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Esta instancia deberá continuar con el procedimiento establecido para evaluar la denuncia.
¿Qué dijo el Defensor del Pueblo sobre el cierre del Congreso?
Las declaraciones que originaron el proceso ocurrieron el 27 de agosto, durante entrevistas concedidas por Gutiérrez a Canal N y Exitosa. En esas conversaciones, el funcionario afirmó que un eventual cierre del Congreso podría aumentar entre 20 y 30 puntos porcentuales la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori.
Gutiérrez también planteó la posibilidad de que el respaldo a la mandataria supere el 80% en ese escenario. Sus declaraciones generaron cuestionamientos debido a la comparación con el autogolpe de 1992 ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori. Márquez consideró que presentar aquel episodio como un precedente favorable podría afectar el respeto por el orden democrático y constitucional.
¿Qué bancadas cuestionaron a Josué Gutiérrez?
Las declaraciones también provocaron críticas desde distintas agrupaciones políticas. Cuatro bancadas del Senado —Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras— suscribieron un pronunciamiento contra las expresiones del Defensor del Pueblo.
El documento fue respaldado por Flavio Figallo Rivadeneyra, Alfonso López Chau Nava, José Castillo Terrones y Daniel Barragán Coloma. Los senadores calificaron las declaraciones como expresiones contrarias al equilibrio constitucional y defendieron la legitimidad del Poder Legislativo. Antes de este pronunciamiento, la bancada de Renovación Popular también había cuestionado públicamente las declaraciones de Gutiérrez.
¿Qué pasará ahora con la denuncia?
La Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que evaluar el expediente y determinar los siguientes pasos dentro del procedimiento parlamentario. Mientras tanto, Josué Gutiérrez mantiene su disposición para acudir al Congreso. El funcionario considera que una eventual presentación ante los legisladores le permitirá explicar sus declaraciones, aclarar su posición y reafirmar su defensa de la democracia.
El caso continuará bajo evaluación del Parlamento, mientras crece el debate político sobre los límites de las instituciones y el respeto al orden constitucional.