La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en tres contratos de seguridad privada del Ministerio Público, valorizados en más de S/14 millones, correspondientes al periodo en que Delia Espinoza ejercía como fiscal de la Nación, según informó el diario Expreso. El informe señala posibles responsabilidades penales y administrativas de funcionarios que participaron en los procedimientos de contratación.

De acuerdo con la información difundida, los contratos alcanzan un monto total de S/14 102 439,16 y están relacionados con servicios de vigilancia para distintas sedes del Ministerio Público en Lima Centro, Callao y Huaura.

El Informe de Auditoría N.º 018-2026-2-0275-AC advierte sobre posibles delitos de negociación incompatible, colusión simple o agravada, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y falsedad documental o uso de documento falso.

Estas observaciones no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial ni acreditan responsabilidad penal de los funcionarios mencionados.

¿Qué irregularidades encontró la Contraloría en los contratos del Ministerio Público?

Según el reporte periodístico, la auditoría identificó deficiencias en los procedimientos que permitieron contratar a empresas encargadas de brindar seguridad a las instalaciones del Ministerio Público.

Entre las principales observaciones figura que los funcionarios responsables no habrían atendido determinados cuestionamientos formulados por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Asimismo, uno de los proveedores no habría acreditado la experiencia exigida para prestar el servicio. El informe también advierte que se aceptaron documentos sin la apostilla correspondiente.

Las contrataciones observadas involucraron a los consorcios Grupo Gurkas SAC–AVP y Seguridad SAC, Gurkas SAC y Enlace Group SAC–Consorcio Gurkas SAC, que presuntamente recibieron un trato favorable durante los procedimientos.

¿Qué reveló la auditoría sobre los agentes de seguridad contratados?

Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con las condiciones en las que determinados agentes privados prestaban servicios de vigilancia en las sedes fiscales.

De acuerdo con el informe citado por Expreso, algunos trabajadores no contaban con autorización para portar armas de fuego, mientras que otros registraban antecedentes penales.

La auditoría también identificó situaciones en las que determinados agentes no cubrían las zonas de vigilancia que tenían asignadas.

Estas observaciones adquieren especial relevancia porque los contratos tenían como finalidad garantizar la seguridad de instalaciones pertenecientes a una institución encargada de investigar delitos y defender la legalidad.

¿Qué funcionarios aparecen mencionados en el informe de Contraloría?

El reporte identifica a tres funcionarios del Ministerio Público entre las personas con presunta responsabilidad penal o administrativa por las irregularidades observadas.

Se trata de Fausto Balvín Huamán, quien se desempeñaba como gerente de la Oficina General de Logística; Harold Paz Winchez, vinculado a la Gerencia de Servicios Generales; y Aldo Cabrera Pinedo, de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Sus nombres aparecen relacionados con las observaciones formuladas sobre los procedimientos de contratación de servicios de seguridad privada.

Sin embargo, corresponde a las autoridades competentes determinar si las actuaciones señaladas configuran infracciones administrativas o delitos, así como establecer las responsabilidades individuales.

¿Qué relación tiene Delia Espinoza con los contratos observados?

Los contratos cuestionados corresponden a procedimientos realizados durante el periodo que el reporte atribuye a la gestión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

El documento periodístico señala que funcionarios de distintas áreas administrativas habrían intervenido en contrataciones que presentaron irregularidades.

No obstante, la información difundida no establece que Espinoza haya participado directamente en los procedimientos observados ni que la Contraloría le haya atribuido responsabilidad penal.

El caso pone bajo escrutinio la administración de recursos públicos destinados a servicios de seguridad dentro del Ministerio Público.

Por ahora, el informe de auditoría constituye el principal elemento documental citado sobre las presuntas irregularidades, mientras queda pendiente conocer las acciones que adoptarán las autoridades frente a los funcionarios y empresas involucradas.