El caso de César Acuña condenado por violación de la libertad del trabajo ha generado un fuerte impacto en el escenario político nacional. El líder de Alianza para el Progreso (APP) recibió una condena en primera instancia luego de que el Poder Judicial concluyera que incumplió una sentencia laboral cuando era gobernador regional de La Libertad. Aunque la decisión aún no es definitiva porque fue apelada, el fallo dispone una pena de prisión suspendida y el pago de una suma superior a los S/97 mil. La resolución ha vuelto a poner en el centro del debate la responsabilidad de las autoridades frente al cumplimiento de las decisiones judiciales.

¿Por qué César Acuña fue condenado por violación de la libertad del trabajo?

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo determinó que César Acuña no ejecutó una sentencia que ordenaba reconocer una bonificación a favor de la profesora cesante Flor Saldaña Plasencia por preparación de clases y evaluación.

Tras el fallecimiento de la docente, su hijo continuó el proceso para exigir el cumplimiento del fallo judicial. Durante la investigación, el Poder Judicial concluyó que, mientras Acuña ejercía como gobernador regional de La Libertad, no realizó las acciones necesarias para programar y ejecutar el pago dispuesto por la justicia.

La magistrada a cargo del caso indicó que el entonces gobernador fue notificado mediante el domicilio institucional del Gobierno Regional de La Libertad. Además, señaló que, como representante legal de la entidad, tenía la obligación de adoptar las medidas necesarias para cumplir con la resolución judicial, aun cuando el desembolso no se realizara de forma inmediata.

¿Qué sanción impuso el Poder Judicial?

La sentencia establece una pena de un año y seis meses de prisión suspendida. Inicialmente, la condena prevista era de dos años. Sin embargo, el juzgado redujo la sanción al considerar que Acuña no registra antecedentes penales y tenía más de 65 años cuando ocurrieron los hechos.

Además, la resolución ordena el pago de S/97.377,88, monto que incluye la deuda laboral y una reparación civil a favor del heredero de la profesora. En caso de que la sentencia quede firme, el dinero deberá abonarse en tres cuotas mensuales.

También deberá cumplir varias reglas de conducta mientras dure la pena suspendida. Entre ellas figuran mantener informado al juzgado sobre sus actividades cada 30 días, no cambiar de domicilio sin autorización judicial y evitar cometer nuevos delitos de la misma naturaleza.

¿Qué respondió la defensa del líder de APP?

La defensa de César Acuña rechazó la decisión judicial y presentó una apelación para que el caso sea revisado en una instancia superior.

El secretario general de APP, Luis Valdez, sostuvo que el líder del partido nunca recibió una notificación personal del requerimiento emitido por el juzgado laboral. Además, afirmó que la ejecución de sentencias corresponde a las áreas administrativas y a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional, por lo que consideró que no se puede atribuir responsabilidad penal únicamente a la máxima autoridad política.

Asimismo, cuestionó la imparcialidad de la jueza que emitió el fallo y reiteró que la condena todavía no es definitiva.

¿Cómo impacta este caso en Alianza para el Progreso?

La condena se conoce mientras APP atraviesa un proceso de reorganización tras los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales.

Meses atrás, dirigentes del partido anunciaron que evalúan cambios internos, incluso la posibilidad de modificar el nombre de la organización política. También señalaron que ningún integrante de la familia Acuña sería el rostro principal del partido ni postularía en la siguiente contienda electoral.

Pese al revés judicial, el proceso aún no concluye. La apelación presentada por la defensa permitirá que una sala superior revise la sentencia y determine si confirma, modifica o revoca la decisión emitida en primera instancia. Hasta entonces, el caso de César Acuña continuará siendo uno de los procesos políticos y judiciales más seguidos del país.