La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, enfrenta graves cuestionamientos tras un reportaje de Panorama que expuso las acusaciones de un exasesor y trabajador de confianza sobre presuntos cobros de dinero a integrantes de su despacho y posibles retornos económicos vinculados con gestiones presupuestales para obras públicas. El denunciante presentó testimonios, conversaciones de WhatsApp y fotografías que, según el informe, respaldarían parte de sus afirmaciones. La parlamentaria rechazó las imputaciones y anunció posibles acciones legales.

¿Qué denunció el exasesor de Catherin Palomino?

Según el reportaje difundido por Panorama, el extrabajador, cuya identidad se mantiene en reserva, afirmó que los colaboradores del despacho congresal debían entregar parte de sus remuneraciones para cubrir gastos de la oficina de enlace, como alimentación, servicios básicos y viáticos. También señaló que se les habría solicitado dinero para atender compromisos económicos con dirigentes de comunidades campesinas.

“Ella nunca nos devolvió”, manifestó el excolaborador, al sostener que la congresista les prometía reembolsar los montos entregados, pero que estos pagos no se concretaban. Además, denunció un ambiente laboral marcado por el temor a perder sus puestos de trabajo.

Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones difundidas en el reportaje y deberán ser esclarecidas por las instancias correspondientes.

¿Qué relación tendrían las acusaciones con las obras públicas?

Otro de los puntos centrales del informe periodístico se relaciona con las presuntas irregularidades en las gestiones presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con el testimonio del exasesor, Palomino le habría hablado de supuestos retornos económicos relacionados con la asignación de recursos públicos para proyectos de infraestructura.

Como parte de la investigación periodística, se presentó el caso del proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Capillas Norte, situado en el distrito de Capillas, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica.

El denunciante cuestionó que se impulsaran nuevas solicitudes presupuestales pese a que la obra registraba un avance físico prácticamente nulo, según la información publicada. También se difundieron conversaciones de WhatsApp que mostrarían coordinaciones con el alcalde Walter Bravo. Estos elementos forman parte de los indicios expuestos por el reportaje y no constituyen, por sí solos, una determinación judicial de responsabilidad.

¿Qué pruebas presentó el denunciante?

El exasesor también cuestionó la versión de la parlamentaria sobre su participación durante las semanas de representación oficial. Según el informe, Palomino negó por escrito que el extrabajador la hubiera acompañado en esas actividades; sin embargo, el reportaje mostró fotografías publicadas en las redes sociales de la congresista en las que ambos aparecen juntos durante actividades en Huancavelica.

Asimismo, el denunciante afirmó que cumplía funciones de chofer y que trasladó a la legisladora al penal de Barbadillo para visitar al expresidente Pedro Castillo.

El informe también señaló posibles inconsistencias en la hoja de vida de Palomino respecto a una supuesta experiencia laboral en el Colegio de Arquitectos del Perú, en Huancavelica, durante 2022 y 2023. Según la publicación, la institución negó que hubiera mantenido un vínculo contractual con la congresista. Este señalamiento también requiere la evaluación de las autoridades competentes.

¿Qué respondió Catherin Palomino?

Ante las acusaciones, la diputada rechazó los cuestionamientos mediante sus redes sociales institucionales y calificó la situación como un “acoso vil y permanente”. Además, anunció que evaluaría presentar acciones legales penales contra su excolaborador.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el manejo interno de los despachos congresales y las gestiones de recursos públicos para proyectos locales. Las acusaciones, los documentos y los testimonios difundidos deberán ser contrastados por las autoridades para determinar si existieron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades.

Hasta que se produzca un pronunciamiento oficial sobre el fondo de los hechos, las imputaciones contra Catherin Palomino deben entenderse como acusaciones pendientes de esclarecimiento, y no como responsabilidades legalmente acreditadas.