El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las decisiones sobre la situación legal de Castillo continúan bajo la competencia exclusiva de las autoridades judiciales del Perú.

La aclaración surge luego de que el organismo de la considerara que la detención del exmandatario fue "arbitraria" y recomendara su inmediata liberación, además del pago de una indemnización.

¿Qué dijo la Cancillería sobre el informe de la?

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un mecanismo de supervisión no jurisdiccional conformado por expertos independientes.

Según indicó la institución, sus opiniones buscan promover el diálogo y la cooperación entre los Estados en materia de derechos humanos, pero no tienen fuerza legal para modificar decisiones judiciales.

"No constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno", señaló la Cancillería.

Además, remarcó que las autoridades nacionales mantienen plena autonomía para resolver los procesos judiciales conforme a la legislación peruana.

¿Qué concluyó el Grupo de Trabajo de la?

El informe elaborado por el organismo internacional sostiene que la detención de Pedro Castillo vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Como consecuencia de ese análisis, el Grupo de Trabajo recomendó que el Estado peruano disponga la libertad inmediata del expresidente y le otorgue una reparación económica conforme al derecho internacional.

Estas conclusiones generaron un amplio debate político y jurídico en el país.

Pedro Castillo mantiene una condena firme

Pese al pronunciamiento del organismo de Naciones Unidas, la situación judicial de Pedro Castillo no ha cambiado.

En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al exmandatario a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de rebelión, luego del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Actualmente, Castillo cumple su condena en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.

Con este pronunciamiento, la Cancillería reiteró que el informe de la no modifica las resoluciones emitidas por el Poder Judicial peruano y que las decisiones sobre el caso continúan bajo la legislación nacional.