El Buen Gobierno otorgaría facultades legislativas al Ejecutivo de Keiko Fujimori para acelerar las medidas que considera urgentes para el país. La agrupación política, liderada en el Congreso por Jorge Nieto, mostró disposición a respaldar el pedido, pero dejó claro que no entregará un “cheque en blanco” al Gobierno.

La posición del partido podría convertirse en un factor importante dentro del Congreso. El respaldo de sus integrantes ayudaría al Ejecutivo a conseguir los votos necesarios para aprobar el paquete de facultades. Sin embargo, Buen Gobierno remarcó que mantendrá su labor de fiscalización.

La agrupación sostiene que su decisión responde a una postura que ya había anunciado durante la campaña electoral. Su apoyo a determinadas medidas no significa, según explicó, que exista una alianza política con el oficialismo.

¿Qué plantea Buen Gobierno sobre las facultades legislativas?

El partido considera que el Gobierno necesita actuar con rapidez frente a los problemas que enfrenta el país. Por esa razón, está dispuesto a respaldar las medidas que realmente requieran una autorización del Congreso.

Al mismo tiempo, sus representantes creen que algunas decisiones pueden ejecutarse mediante decretos de urgencia. En esos casos, consideran innecesario conceder facultades legislativas.

El liderazgo de la agrupación también cuestionó la falta de iniciativa del gabinete y pidió al Ejecutivo asumir sus responsabilidades sin buscar nuevas excusas.

“Lo dijimos desde la segunda vuelta: gane quien gane, vamos a ser oposición, y es lo que hemos venido haciendo: una oposición leal al Perú”, sostuvo el líder político en declaración pública.

Esta declaración resume la posición que Buen Gobierno busca mantener frente al actual Gobierno. El partido puede respaldar determinadas iniciativas, pero asegura que continuará actuando como oposición.

¿Por qué Buen Gobierno habla de decretos de urgencia?

La agrupación también planteó una diferencia entre las medidas que requieren facultades legislativas y aquellas que pueden aprobarse por otras vías legales. Durante un reciente mitin, el líder político explicó que el Ejecutivo debe utilizar los mecanismos que ya tiene disponibles cuando una medida no necesita autorización del Congreso.

“No a través de facultades legislativas, sino de decretos de urgencia. Y aunque otras tareas no necesiten ni decreto de urgencia ni facultades legislativas, le vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas ¡y gobiernen! Porque me dijeron que estaban bastante… ¡Que gobiernen!”, exclamó el líder político ante sus simpatizantes.

Con esta postura, Buen Gobierno busca que el Ejecutivo avance con las medidas urgentes, pero dentro de los mecanismos que establece la ley. Asimismo, el dirigente precisó el alcance de su posición y reconoció que algunas de las solicitudes del Gobierno podrían resolverse mediante decretos de urgencia.

“Aunque no sean las facultades que necesiten para enfrentar los problemas, y aunque muchas de ellas puedan ser ejecutadas no a través de facultades legislativas sino de decretos de urgencia…”, añadió durante su alocución.

¿Qué materias generan mayor preocupación?

El principal punto de debate está en el alcance del pedido presentado por el oficialismo. Dentro de Buen Gobierno consideran que los temas económicos, financieros y laborales necesitan una revisión detallada antes de tomar una decisión definitiva.

La bancada deberá analizar cada materia incluida en la solicitud. El objetivo será determinar cuáles requieren una delegación de facultades y cuáles pueden resolverse mediante otras herramientas legales.

La posición también marca una diferencia frente a otros sectores de la oposición. Buen Gobierno busca mantener una relación de oposición con el Ejecutivo, pero sin bloquear medidas que considere necesarias para el país.

Por ahora, la decisión final dependerá del debate en el Congreso. La agrupación deberá definir qué facultades respaldará y bajo qué condiciones. El mensaje político de Buen Gobierno resulta claro: puede facilitar medidas urgentes para la gestión de Keiko Fujimori, pero mantendrá su rol de oposición y fiscalización. El partido también exige resultados concretos al Ejecutivo y espera que el Gobierno utilice las herramientas legales disponibles para atender los problemas del país.