El alcalde de Huacullani condenado, Magno Tito Apaza Mamani, recibió cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de cohecho pasivo impropio. La sentencia se dictó luego de que el burgomaestre aceptara un acuerdo de terminación anticipada dentro del proceso judicial por un caso de corrupción de funcionarios.

El caso se relaciona con la presunta solicitud de dinero a un proveedor de la Municipalidad Distrital de Huacullani, en la región Puno. Según la información difundida por Exitosa, el alcalde habría pedido inicialmente S/34.900. Después de las conversaciones, el monto habría quedado establecido en S/30 mil. El dinero habría sido solicitado para favorecer al proveedor en un procedimiento relacionado con la adquisición e instalación de grass sintético para un proyecto de la comuna.

¿Por qué condenaron al alcalde de Huacullani?

La investigación fiscal estableció que Magno Tito Apaza Mamani habría solicitado dinero a un proveedor con el objetivo de favorecerlo dentro de una contratación municipal. La suma inicial habría alcanzado los S/34.900. Posteriormente, ambas partes habrían acordado un pago de S/30 mil. El caso llegó al Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, órgano que emitió la sentencia contra los involucrados.

El delito atribuido al alcalde corresponde a cohecho pasivo impropio, relacionado con la solicitud o recepción de un beneficio indebido por parte de un funcionario en relación con sus funciones. La sentencia se produjo mediante un acuerdo de terminación anticipada. Este mecanismo permite cerrar un proceso penal cuando el investigado acepta los hechos y llega a un acuerdo con el Ministerio Público, bajo las condiciones establecidas por la ley.

¿Cuánto dinero habría solicitado el alcalde?

De acuerdo con la investigación citada en el caso, el primer monto solicitado habría sido de S/34.900. Luego de las conversaciones, la cifra habría quedado en S/30 mil. El pago estaría relacionado con la intención de favorecer a un proveedor en un proyecto municipal que contemplaba la adquisición e instalación de grass sintético.

La investigación buscó determinar cómo se produjo la solicitud y cuál era el propósito del dinero dentro del procedimiento de contratación. El caso terminó con una sentencia contra tres personas.

¿Quiénes más fueron condenados?

Además del alcalde Magno Tito Apaza Mamani, el proceso alcanzó a otras dos personas: Rocío Ana Flores Maquiera y Magda Claret Mamani Chamilla. Flores Maquiera recibió una condena de cinco años de prisión suspendida por su participación en los hechos investigados. Por su parte, Mamani Chamilla recibió una pena de cuatro años y dos meses de prisión suspendida en calidad de cómplice secundaria. De esta manera, las tres personas involucradas recibieron sentencias dentro del proceso relacionado con la presunta solicitud de S/30 mil a un proveedor.

¿Qué significa que la prisión sea suspendida?

La condena impuesta al alcalde contempla una pena privativa de libertad suspendida. Esto significa que, bajo las condiciones fijadas por el Poder Judicial, el sentenciado no ingresa de manera inmediata a un establecimiento penitenciario. El cumplimiento de las reglas establecidas por el juzgado resulta fundamental durante el periodo de suspensión. Si el condenado incumple las condiciones impuestas, la autoridad judicial puede evaluar las consecuencias previstas por la legislación.

El caso de Huacullani vuelve a poner atención sobre los controles que deben aplicarse en las contrataciones de los gobiernos locales. Las autoridades investigaron una solicitud de dinero vinculada con un proyecto municipal y el proceso terminó con una sentencia para el alcalde y otras dos personas. La decisión judicial representa un nuevo caso de condena por delitos contra la administración pública en un gobierno local de la región Puno.