Poder Judicial pide a Keiko Fujimori derogar las leyes pro crimen al considerar que algunas normas aprobadas en los últimos meses debilitan la lucha contra el crimen organizado. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que estas leyes impiden recuperar con rapidez el dinero y los bienes obtenidos de forma ilegal. Además, alertó que el Estado dejó de recuperar cerca de 50 millones de dólares durante 2025. ¿Por qué considera urgente cambiar estas normas? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Por qué el Poder Judicial pide a Keiko Fujimori derogar las leyes pro crimen?

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, solicitó a la presidenta electa, Keiko Fujimori, revisar y derogar las normas que, según afirmó, favorecen a las organizaciones criminales.

Durante su pronunciamiento, la magistrada señaló que la Ley 32326 representa un retroceso para el sistema de justicia. Explicó que esta norma limita la recuperación de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas y reduce la capacidad del Estado para afectar el patrimonio de las mafias.

Tello sostuvo que tiene el deber institucional de advertir sobre los riesgos que generan estas modificaciones legales, ya que considera que afectan directamente la lucha contra la delincuencia organizada.

¿Cómo afecta la Ley 32326 a la recuperación de bienes ilícitos?

La titular del Poder Judicial explicó que la Ley 32326 obliga a los jueces a esperar una sentencia penal firme antes de ordenar la extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar dinero, inmuebles, vehículos y otros bienes de origen ilegal.

Según indicó, muchos procesos penales pueden tardar varios años. Mientras tanto, los investigados tendrían tiempo para ocultar, vender o transferir esos bienes, lo que dificulta su recuperación.

Además, señaló que esta medida contradice estándares internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidades que recomiendan herramientas rápidas para combatir el crimen organizado.

El Poder Judicial advierte pérdidas millonarias para el Estado

Janet Tello aseguró que los efectos de esta ley ya generan consecuencias económicas.

De acuerdo con sus estimaciones, el Estado dejó de recuperar aproximadamente 50 millones de dólares durante el año 2025, debido a las restricciones impuestas por la nueva legislación.

La magistrada afirmó que este dinero pudo destinarse a fortalecer los servicios públicos y las acciones de seguridad ciudadana. También advirtió que las organizaciones criminales aprovechan estas demoras para proteger sus recursos económicos.

¿Qué mensaje envió Janet Tello a la presidenta electa?

La presidenta del Poder Judicial pidió que la nueva gestión revise estas normas apenas inicie funciones.

Según explicó, mantener las actuales restricciones beneficia a quienes buscan esconder dinero obtenido de manera ilícita y dificulta el trabajo de las autoridades encargadas de combatir el crimen.

Además, anunció que el Poder Judicial evalúa utilizar mecanismos constitucionales, junto con otras instituciones del Estado, para defender el sistema de recuperación de activos y garantizar el cumplimiento de la ley.

Poder Judicial destaca recuperación de más de US$215 millones

A pesar de las limitaciones legales, Janet Tello resaltó que el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio logró recuperar más de 215 millones de dólares en bienes y activos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción y otras actividades delictivas.

La magistrada explicó que estos recursos ahora pertenecen al Estado y pueden utilizarse para financiar hospitales, escuelas, obras de infraestructura y programas de seguridad ciudadana.

Por su parte, el juez supremo Manuel Luján Túpez destacó que el Perú se convirtió en un referente internacional en recuperación de bienes ilícitos. Asimismo, informó que el Poder Judicial busca ampliar los juzgados especializados en extinción de dominio hacia regiones afectadas por la criminalidad, como Pataz, en La Libertad.