El Poder Judicial rechaza pedido de Dina Boluarte para suspender los efectos de su vacancia por incapacidad moral permanente. La decisión fue emitida por la Primera Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente la medida cautelar presentada por la exmandataria. Con esta solicitud, Boluarte buscaba detener temporalmente los efectos de la decisión tomada por el Congreso mientras se analizaba una demanda de amparo.
La resolución representa un nuevo episodio en el proceso legal iniciado por la expresidenta, quien intenta dejar sin efecto la vacancia aprobada por el Parlamento en octubre de 2025.
¿Por qué el Poder Judicial rechazó el pedido de Dina Boluarte?
La defensa legal de Dina Boluarte sostuvo que durante el proceso de vacancia se vulneraron varios derechos fundamentales. Entre ellos mencionó el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad ante la ley, el honor y la buena reputación.
Además, los abogados afirmaron que la comunicación sobre el procedimiento parlamentario llegó con apenas una hora de anticipación. Según su posición, esta situación habría limitado la capacidad de ejercer una defensa adecuada.
Sin embargo, la Sala Constitucional concluyó que estos argumentos necesitan una evaluación más detallada dentro del proceso principal. Por ello, consideró que no correspondía otorgar una medida cautelar en esta etapa.
¿Qué señaló la Sala Constitucional sobre la vacancia?
Los magistrados indicaron que aceptar la solicitud presentada por la exjefa de Estado tendría consecuencias directas sobre una decisión ya adoptada por el Congreso de la República.
Por esa razón, la Sala determinó que no existían los elementos necesarios para suspender temporalmente los efectos de la vacancia. El análisis de fondo continuará dentro del proceso de amparo promovido por la defensa de Boluarte.
La vacancia fue aprobada por unanimidad
El Congreso de la República declaró la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente durante la madrugada del 10 de octubre de 2025.
La votación fue unánime. Un total de 122 congresistas votaron a favor de la medida. No se registraron votos en contra ni abstenciones. Con ese resultado, la entonces presidenta dejó el cargo de manera inmediata.
Mientras avanza el proceso judicial, la decisión del Congreso continúa vigente. La demanda presentada por la exmandataria seguirá su curso y será evaluada por las instancias correspondientes.
La resolución del Poder Judicial marca un paso importante en este caso, que continúa generando atención en el ámbito político y jurídico del país.